La medida fue adoptada tras acreditarse reiteradas inasistencias injustificadas del agente durante los ciclos lectivos 2018, 2019, 2022, 2023 y 2024.
Según se detalla en el expediente administrativo, la Supervisora Técnica de Salud Laboral fue quien inicialmente detectó las irregularidades en la asistencia del docente. Posteriormente, el Departamento de Salud Laboral confirmó que R.R.B superó el límite de diez inasistencias injustificadas anuales de forma discontinua en los últimos tres años, lo que dio lugar a la instrucción de un sumario administrativo, autorizada por Resolución N° 2002/2024 del Ministerio de Educación.
Tras llevarse adelante el procedimiento, se determinó que el agente incurrió en la causal de abandono de servicio, contemplada en el artículo 88 del Decreto Nº 4118/1997, que habilita la cesantía cuando un trabajador público deja de concurrir sin justificación, y en un marco que permite inferir su intención de alejarse del cargo.
Desde el Gobierno destacaron que el sumario se realizó respetando las garantías del debido proceso: el docente fue debidamente notificado, tuvo oportunidad de realizar su descargo, ofrecer pruebas y ejercer su defensa. En este contexto, la Fiscalía de Estado emitió el Dictamen Nº 103/2025, que avaló la aplicación de la sanción máxima.
