El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, encabezadas por Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) y Silvia Lospennato (PRO), dictaminó sobre la reforma que limita al Poder Ejecutivo en el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
La medida, emplazada por la Cámara de Diputados hace dos semanas, habilitará que el proyecto sea tratado en el recinto en una próxima sesión, prevista para el miércoles 8 de octubre, si no surgen contratiempos.
La oposición, conformada por Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal y casi todos los legisladores de Democracia para Siempre, logró el dictamen de mayoría -con 35 firmas- que ratifica la sanción del Senado.
Existen diferencias planteadas por la diputada Carla Carrizo (Democracia para Siempre) y varias objeciones de bloques como Innovación Federal, que representan a los gobernadores de Misiones, Río Negro y Salta. También manifestaron reparos varios diputados de la UCR, liderados por Rodrigo de Loredo.
La Libertad Avanza firmó un dictamen de minoría con diez firmas, donde rechaza cualquier modificación a la ley vigente.
En tanto, desde el PRO consideran que los cambios a la ley que reglamenta los DNU deberían implementarse a partir del próximo cambio presidencial, es decir, tras el vencimiento del mandato de Javier Milei, el 9 de diciembre de 2027. Descartan acompañar cualquier modificación en este sentido, por lo que no firmaron un dictamen y fijarán su posición directamente en el recinto cuando se discuta el tema.
Martín Menem, presidente de la Cámara baja, proyecta la definición que tendrá el tratamiento de esta iniciativa y asegura que la sanción en Diputados convertiría en ley los cambios impulsados por la oposición.
Sin embargo, en caso de veto del Poder Ejecutivo, para los libertarios se necesitaría un tercio del Cuerpo para mantener vigente la norma impulsada originalmente por la expresidenta Cristina Kirchner.
La Constitución Nacional establece que se requiere una mayoría calificada de dos tercios de los legisladores presentes en cada cámara para rechazar un veto presidencial e insistir con la sanción del Congreso.
