Ciudadanos de Cafayate y organizaciones ambientalistas cuestionaron la autorización del festejo, señalando que la Quebrada es patrimonio cultural y que su preservación debería estar por encima de cualquier actividad privada. También se plantearon dudas sobre el impacto que la celebración pudo haber tenido en el entorno.
Desde organismos oficiales están evaluando si se cumplieron las normativas vigentes y si corresponde aplicar sanciones.
Durante las últimas horas el hecho abrió un debate sobre el uso de espacios públicos y patrimoniales para este tipo eventos particulares, y la necesidad de reforzar controles para evitar daños en áreas protegidas.
La secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, precisaron que el permiso exhibido por la organizadora carecía de todo respaldo administrativo: “El papel que exhibía, no tiene los membretes, no tiene número de expediente, no tiene resolución, es muy improlijo”.
No se recibió ninguna solicitud formal: “Para una sesión de fotos se pide la autorización, se hace la sesión, pero se le da toda una serie de recomendaciones. En este caso, no se pudieron hacer porque no la solicitaron”, confirmaron.
