La clave política estuvo en la negociación que el Gobierno nacional abrió con provincias del norte para conseguir los votos necesarios. Sobre esa base apareció una compensación política y la promesa de crear beneficios para las llamadas “zonas cálidas”, mediante subsidios energéticos eléctricos.
El acuerdo permitió sumar votos de provincias como Salta, Tucumán, Catamarca, Misiones y Jujuy.
Sin embargo, el punto generó tensión porque las compensaciones no quedaron incorporadas al texto legislativo sino sujetas a futuras resoluciones del Ministerio de Economía. Es decir, los beneficios quedarían bajo decisión del Poder Ejecutivo y no garantizados por ley.
En el recinto, Pablo Outes justificó el respaldo a la iniciativa argumentando que la ampliación realizada en 2021 había desnaturalizado el sentido original del régimen. “La idea original que se buscó cuando se instrumentó el sistema de subsidios para la Patagonia, para la Puna y para Malargüe era dar condiciones para zonas de climas extremos y muy poco pobladas”, expresó.
Luego sostuvo que “se pasó de una idea original que contemplaba aproximadamente 600 mil beneficiarios a casi 4.400.000 beneficiarios”.
El diputado cuestionó además la incorporación de localidades que, según afirmó, no presentaban condiciones climáticas extremas: “No veo a la ciudad de Carlos Paz bajo esos lineamientos, no veo a Tafí Viejo en Tucumán con 40 grados bajo cero ni 30”.
Y defendió la focalización de subsidios, al asegurar que la aplicación de la norma "tiene que llegar efectivamente a los sectores de mayor necesidad”.
