El fiscal ante la Cámara de Casación Penal, Mario Villar, pidió que la expresidenta Cristina Kirchner siga bajo arresto domiciliario pero que cambie el domicilio en el que cumple la condena a seis años de cárcel por la causa Vialidad, que es su departamento en Constitución. Villar argumentó que la presencia de la dirigente en el barrio genera tumultos y molestias en el barrio y planteó que por eso debe cambiar el domicilio en el que cumple la sentencia.
Villar retiró el pedido de los fiscales, Diego Luciani y Sergio Mola, para que la expresidenta cumpliera su condena en prisión. La decisión se conoció previo a la audiencia del máximo tribunal penal sobre las condiciones del arresto domiciliario de la exmandataria. En el encuentro expusieron Villar y la defensa de la expresidenta.
El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, se opuso al pedido de Villar de cambio del domicilio en el que su defendida cumple la prisión domiciliaria. Beraldi además reclamó que la expresidenta no tenga restricciones con las visitas y que le saquen la tobillera electrónica.
La defensa de la expresidenta cuestiona la decisión del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de limitar el acceso a la propiedad solo para la familia de la expresidenta, abogados y médicos, sin necesidad de requerir un permiso a la Justicia.
La audiencia la fijó la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, liderada por Mariano Borinsky, e integrada además por Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña. Los magistrados analizan las presentaciones de la defensa de la expresidenta contra las restricciones a sus visitas durante el arresto domiciliario en San José 1111, además de la apelación de los fiscales a la domiciliaria a la exmandataria. Tienen un plazo de cinco días hábiles para resolver.
Los abogados de Cristina Kirchner, Beraldi y Ary Llernovoy, argumentaron que los jueces del TOF 2 omitieron que la expresidenta tiene que reunirse con frecuencia con los profesionales contables que la asisten, al igual que los apoderados que se encargan de las cuestiones administrativas que se deben desarrollar en forma diaria en su nombre.
Para los defensores la regla impuesta por el tribunal resulta incompatible con el derecho a la vida familiar y social de su representada. Por este motivo también impugnaron la colocación de una tobillera electrónica para garantizar el cumplimiento de la prisión domiciliaria.
