Varios países de la región comenzaron a sufrir las consecuencias de una segunda ola de contagios de coronavirus. En algunos casos, la situación es más compleja que la registrada en los primeros meses del inicio del brote y por eso sus autoridades empezaron a adoptar medidas extremas que hasta el momento habían evitado.
El caso emblemático es el de Uruguay. Su gestión de la pandemia apelando a la responsabilidad ciudadana y sin grandes medidas restrictivas era valorada hasta hace muy pocas semanas como un caso exitoso en la región. Sin embargo, las condiciones cambiaron drásticamente y un aceleramiento en la curva de contagios obligó al presidente Luis Lacalle Pou a adoptar otro tipo de políticas.
El miércoles, el jefe de Estado lanzó un paquete de medidas destinadas a limitar las aglomeraciones y el transporte, entre el 21 de diciembre y el 10 de enero. Además, tendrá cerradas sus fronteras entre el 21 de diciembre y el 10 de enero. Habrá excepciones solamente para uruguayos o residentes que hayan adquirido pasajes antes del 16 de diciembre.
El alcance de la disposición explica la preocupación de las autoridades: la Argentina, que adoptó políticas más severas que su vecino durante 2020, fue más flexible y organizó vuelos de repatriación cuando tuvo sus fronteras cerradas.
Este viernes se conoció otra decisión restrictiva: el Gobierno pretende limitar el derecho de reunión durante 60 días, prorrogable por 30 más, según se desprende de un proyecto de ley enviado al Parlamento.
El gigante de la región, Brasil, también empezó a cerrarse frente al avance del COVID-19. Sin embargo, las decisiones no están centralizadas y dependen de los gobiernos locales. De hecho, el presidente Jair Bolsonaro ha sido uno de los líderes mundiales que reiteradamente le restaron importancia al alcance de la pandemia. Las estadísticas no avalan el razonamiento: su país se encuentra tercero en el ranking mundial de contagios (7.110.434) y segundo en el de muertes (184.827). Solo en el día de ayer, registró más de mil fallecimientos por COVID-19.
Algunos argentinos que aprovecharon la tregua de las últimas semanas para viajar vivieron en carne propia lo que sucede en el país carioca. Mientras veraneaban en la paradisíaca Buzios, fueron intimados por el municipio a dejar el lugar en virtud de una orden judicial que expuso el riesgo de que colapse el sistema sanitario.
Rio de Janeiro, con 17 millones de habitantes, es el estado con mayor tasa de muertes: 140 cada 100.000 habitantes, frente a 88 de todo el país o 97 de Sao Paulo, el estado más poblado.
Las autoridades suspendieron las celebraciones de fin de año en la playa de Copacabana y los desfiles de carnaval, a la espera de una vacuna que permita volver a celebrar estas fiestas caracterizadas precisamente por sus aglomeraciones.
Por lo pronto, la Corte Suprema autorizó a gobernadores y alcaldes a establecer como obligatoria la vacunación contra el coronavirus, a contramano de la inmunización “voluntaria” defendida por el presidente Bolsonaro.
Colombia es otro país que en los últimos días acumularon noticias preocupantes por el avance del virus chino. Diciembre se convirtió en uno de los meses con las cifras más preocupantes desde que empezó la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19, a principios de 2020.
Los casos de contagio, las muertes y la ocupación de camas en las UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) aumentan día por día en lo que va del mes, al punto de que varias regiones han anunciado alerta roja hospitalaria y nuevas medidas de distanciamiento.
Esta semana, ocurrió algo que no pasaba desde agosto, cuando se alertaba de la llegada de un pico del virus en el país. El 16 de diciembre, se confirmaron 11.953 casos de coronavirus y se reportaron 204 muertes, que hacen que la cifra de fallecidos totales, como consecuencia del virus, sea de 39.560.
Bogotá es la ciudad con más casos de COVID-19 en Colombia; de acuerdo a las últimas cifras del Ministerio de Salud, la capital acumula 414.581 casos, ubicándose encima de Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Santander.
El aumento de las cifras en este fin de año se les atribuye, en gran medida, a las aglomeraciones que se han venido presentando en las últimas semanas. En Bogotá, por ejemplo, llamaron la atención las fotos y videos de las personas que decidieron ir a hacer sus compras navideñas en la popular zona de comercio del centro, San Victorino. La evidencia mostraba que el distanciamiento social, una de las formas más efectivas para evitar el contagio, no se estaba cumpliendo y, peor aún, había personas sin tapabocas, o con ellos, pero mal puestos.
Claudia López, alcaldesa de Bogotá, ordenó la suspensión, hasta el 15 de enero de 2021, de los procedimientos quirúrgicos de mediana o alta complejidad que no sean urgentes, así como los de complejidad intermedia que requieran hospitalización, para ayudar a despejar las salas de atención médica que permitan atender a contagiados por el virus. Asimismo, la administración local se ciñó a las órdenes del gobierno nacional que, a través de una circular redactada por los ministerios de Salud y del Interior, aseguraban que era necesario restringir la venta y consumo de licor en zonas del país que tuvieran una disponibilidad de camas UCI menor del 30 por ciento.
Fuente: Infobae
