El análisis y posteriores definiciones del Consejo Asesor de Fiscales se centraron este viernes en las problemáticas de las fiscalías penales de Violencia Familiar y de Género, las cuales se agravarían seriamente si se concretara la posibilidad de que el Poder Ejecutivo Provincial reduzca la cantidad de efectivos policiales afectados a las custodias de víctimas de violencia. Los presentes destacaron el peligro real de una escalada de violencia agravada si se redujeran las custodias, tal como trascendió informalmente desde el Ministerio de Seguridad.
Vale recordar que el 24 de diciembre pasado, a pesar de haberse asignado custodia fija y personal a Liliana del Valle Flores, la mujer fue asesinada por su exmarido, el policía Edgar Exequiel Almirón, quien ingresó por el sector posterior de la vivienda. Luego, se mató. El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas 4, Gustavo Torres Rubelt, imputó al custodio por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En ese marco, los fiscales de la especialidad, a través de la consejera Claudia Geria, propusieron la urgente implementación de un sistema que registre las notificaciones de las medidas cautelares dictadas por jueces de Violencia Familiar y de Género y jueces de Garantías, en un contexto de violencia de género y plantearon la necesidad de contar con pulseras electrónicas y botones antipánico para el certero resguardo de las víctimas, además de la necesaria capacitación del personal policial, para que deriven correctamente las denuncias de violencia de género a las fiscalías especializadas en la materia y no a las fiscalías comunes.
Además, pidieron que se replique el esquema vigente entre el Ministerio Público Fiscal y el hospital San Bernardo, que permite que las víctimas de violencia que ingresan por guardia, sean asistidas en forma integral, y asesoradas también sobre la cuestión legal. Destacaron que, por ejemplo, en la jurisdicción de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género 4, en la zona sudeste, se presentan complicaciones cada vez que una víctima acude al hospital Papa Francisco o los centros de salud cercanos, porque los profesionales de la salud aducen que no son forenses y no emiten informes sobre el estado de salud de las víctimas. Con ello, se pierden valiosas pruebas para los procesos de investigación y sanción de los violentos.
Finalmente, propusieron unificar criterios de valoración de riesgos de la víctima de todos los equipos técnicos del Ministerio Público Fiscal, Poder Judicial, Poder Ejecutivo Provincial y Municipal y cualquier otra área vinculada con el abordaje de la violencia.
El Consejo de Asesores también se actualizó sobre el próximo Congreso Mundial Forense a realizarse en octubre de 2020 y acerca del convenio que firmará próximamente la Procuración con la Universidad Nacional de Buenos Aires para se dicte en Salta el posgrado sobre “Cibercrimen y Evidencia Digital”, que dirige el especialista reconocido internacionalmente, Marcos Salt. El procurador general, Abel Cornejo, destacó que el posgrado ofrecerá respuestas al vacío existente en torno al estudio interdisciplinario de las problemáticas que plantean al sistema penal moderno las modernas tecnologías informáticas. Será la primera vez que se dicte fuera de la ciudad autónoma de Buenos Aires.
El Consejo está conformado por fiscales de distintas materias y la representación del interior es rotativa. Lo preside el Procurador y su vicepresidenta es Gabriela Buabse. Contó este viernes con la secretaria letrada, Fátima Ruiz; el prosecretario del cuerpo, Omar Dávila y las fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Claudia Geria y Carolina Hernández. También estuvieron los fiscales Pablo Rivero, Federico Obeid, Federico Jovanovics, Leandro Flores y Gabriel González. Por el interior, asistió el fiscal penal Sergio Castellanos, de Metán.
