Un cuarto imputado en la causa decidió no firmar el acuerdo, por lo que el proceso continuará según su estado en relación a él.
La investigación surgió cuando los jueces de Procesos Ejecutivos del Distrito Judicial del Centro advirtieron maniobras por parte del abogado. La fiscal durante la audiencia explicó que tanto el abogado como la mujer se dedicaban a una actividad de prestamistas a diversas personas que atravesaban diferentes necesidades económicas, y de dicha actividad surgieron pagarés que se presentaron en los cuatro juzgados de Procesos Ejecutivos.
De estos pagarés se suscitaron dos cuestiones. Algunas víctimas dijeron que sí habían firmado los pagarés, pero desconocían el monto y las fechas. Otros desconocieron la firma que se habían insertado como propias, y dijeron no haber accedido a ningún préstamo con los acusados.
Dentro del circuito practicado por los acusados, el abogado presentaba como actores a la mujer y al otro hombre como actores en los diversos juzgados ejecutivos, de los que derivaron embargos, inhibiciones de bienes, entre otros perjuicios a las múltiples víctimas.
La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio explicó que una de las calificaciones es por estafa procesal, que es un delito que se destaca por causar un error al juez que lleva adelante un proceso y que afecta directamente a cada una de las víctimas. Además, se detectó de la investigación que en cada uno de estos procesos los acusados fijaban domicilios de los demandados (que son las víctimas en la audiencia penal) que eran totalmente inexistentes, en lugares despoblados o viviendas de otras personas. Esto hacía que las actuales víctimas no puedan ser notificadas de la demanda y les imposibilitaban el desconocer los instrumentos por los que eran embargadas.
El acuerdo abarcó la acusación del abogado como autor de 64 hechos de estafa procesal reiteradas en concurso real, 24 hechos de estafa procesal reiteradas en concurso ideal con falsificación de instrumento privado, y 50 hechos de estafa procesal reiteradas en concurso ideal con abuso de firma en blanco y usura agravada, todo ello en concurso real. La fiscal especificó que en su caso se planteó una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, idéntico término de inhabilitación especial para ejercer la abogacía, y el pago de la multa.
A la mujer le imputaron 48 hechos de estafa procesal, 22 hechos de estafa procesal en concurso ideal con falsificación de instrumento privado, y 48 hechos de estafa procesal en concurso ideal con abuso de firma en blanco y usura agravada, todo ello en concurso real. En su caso se llegó a un acuerdo por la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, y el pago de la multa.
El tercer acusado fue considerado como autor de 6 hechos de estafa procesal en concurso real, por los que se planteó la pena de ocho meses de prisión de ejecución condicional. Los tres, en caso que el acuerdo sea homologado por el juez, deberán cumplir reglas de conducta.
Además, la fiscalía dijo que habían acordado que los acusados desistan de los procesos ejecutivos que se encuentran en curso y que el dinero que se encuentra secuestrado en los respectivos expedientes sea restituido a quienes son demandados en los mismos. También especificó que como consecuencia de los allanamientos se secuestró dinero en efectivo y que fueron depositados en cuentas judiciales por el monto de 4.624.000 pesos y 8200 dólares. Respecto de esta suma el acuerdo especificó que sea repartido de manera equitativa entre las 56 víctimas que se encuentran presentes en la audiencia.
Tanto las defensas como la querella ratificaron lo expuesto por la fiscalía. Además, se escuchó la conformidad de los acusados y las víctimas que se encontraban presentes también fueron oídas.
Al finalizar todo este procedimiento oral, el juez Ignacio Colombo resolvió aceptar el juicio abreviado pleno y condenó al abogado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, idéntico término de inhabilitación especial para ejercer la abogacía, y el pago de la multa por ser autor de los delitos de estafa procesal reiteradas (64 hechos) en concurso real, estafa procesal reiteradas (24 hechos) en concurso ideal con falsificación de instrumento privado, y estafa procesal reiteradas (50 hechos) en concurso ideal con abuso de firma en blanco y usura agravada, todo ello en concurso real.
La mujer fue condenada por 48 hechos de estafa procesal, 22 hechos de estafa procesal en concurso ideal con falsificación de instrumento privado, y 48 hechos de estafa procesal en concurso ideal con abuso de firma en blanco y usura agravada, todo ello en concurso real, y cumplirá por ello la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, y el pago de la multa.
El tercer acusado fue encontrado autor de los delitos de 6 hechos de estafa procesal en concurso real, por los que se planteó la pena de ocho meses de prisión de ejecución condicional. Los tres deberán cumplir reglas de conducta.
Además, ordenó que desistan de los procesos ejecutivos correspondientes, y se notifique a los cuatro Juzgados de Procesos Ejecutivos para la liberación de los embargos e inhibiciones correspondientes. También tuvo presente la reparación ofrecida por los acusados para las víctimas y ordenó se liberen los fondos indicados por la fiscalía en las cuentas bancarias creadas por el dinero secuestrado durante la investigación.
