El enfrentamiento entre el Arzobispado de Salta, y el Convento San Bernardo suma un nuevo capítulo este jueves. La jueza de Garantías Ada Zunino procedió a tomar declaración a la priora del Convento por la denuncia que había realizado monseñor Mario Cargnello a las personas que administran el fondo fiduciario de la Virgen del Cerro, y que tendría conexiones con el Convento.
Cabe mencionar que para esto ya existía una convocatoria para brindar declaración, pero se suspendió porque los abogados del monasterio reclamaron que no estuvieran presentes sus pares que trabajan para el Arzobispado y, a la vez, pidieron que la testimonial fuera respetando la clausura.
La investigación preliminar se inició porque desde el Arzobispado afirman que si las monjas pasan necesidades económicas –como se establece en la denuncia realizada por las monjas del Convento– no hay ninguna responsabilidad de Cargnello, ya que ellas son autónomas en la administración del convento y de sus bienes.
Por las presentaciones del Arzobispado, pareciera que hay dudas respecto de si el vínculo entre el convento y la “Virgen del Cerro” –las monjas integran la fundación Obra Yo soy la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús y Yo soy el Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús, encargada de los temas relacionados con la devoción– podría extenderse al ámbito económico.
Está documentado que el terreno donde está la ermita de la virgen fue donado por Eduardo Garat y está a nombre del monasterio. En 2006, el convento realizó una transferencia gratuita de dominio fiduciario de la tierra a la fundación por 30 años. A nombre del convento hay entre tres y cinco propiedades que son administradas por Marcelo Mentesana, que, según consta en las presentaciones, cobra por la tarea.
En la causa por presunta violencia de género, en la que están denunciados tres sacerdotes más además de Cargnello, tampoco hay avances. La guardia policial continúa frente al convento para vigilar que se respete la restricción para acercarse dictada por la Justicia.
