Uno de los testigos, actualmente alojado en un establecimiento federal, dijo que a la droga la ingresaban los jefes y mencionó a dos de los funcionarios imputados. Explicó que ellos podían hacerlo porque no eran requisados al entrar al penal. Agregó que esto le consta porque trabajó haciendo limpieza en el sector de requisas y pudo ver que los funcionarios jerárquicos no eran revisados.
El testigo señaló que estuvo alojado en la Unidad Carcelaria 1 hasta abril de 2022. Quedó detenido por una causa por drogas. Dijo que los jefes involucrados en la comercialización de estupefacientes lo obligaron a contactar a un antiguo proveedor para conseguir la mercancía. Dijo que tuvo que acceder porque si no lo dejaban sin visitas, le bajaban los puntos del concepto o lo “apretaban” de diferentes maneras.
Describió que las maniobras estaban a la vista. Dijo que los internos hacían filas en los teléfonos públicos del penal para llamar y pasarles a sus familiares los alias y números de CBU para el pago de sustancias, teléfonos o ciertos beneficios.
Dijo que los internos consumían la droga dentro de los pabellones. Explicó que los celadores no ingresaban a las celdas o baños, que es donde se reunían los internos a fumar. Indicó que los guardiacárceles observaban esto, pero no hacían nada. Solo intervenían en caso de peleas.
Consultado acerca de cómo llegaban las sustancias a los detenidos, el testigo relató que después de que los jefes las ingresaban a la unidad mandaban a llamar a un interno en particular, encargado de distribuirla (imputado en la causa).
Agregó que todos los familiares que iban de visita conocían las cuentas que se manejaban en la Unidad Carcelaria 1 para el pago de beneficios. A veces transferían para evitar que le hicieran daño al interno que visitaban, que seguramente se había endeudado por drogas y estaba amenazado.
Agregó que eran los mismos jefes los que reclutaban a ciertos reos para “apurar” a los deudores. Generalmente eran los más “viciosos” que accedían a hacer la cobranza a cambio de más droga.
El testigo señaló a otro de los funcionarios imputados como responsable del cobro de sobornos a cambio de beneficios en los expedientes. Dijo que lo había visto varias veces “en la reja” reclamándole a algún interno el pago por haberle conseguido puntos favorables en el Consejo Correccional. Dijo que este tipo de maniobra se hacía “con mucho descaro”.
También habló de la venta de celulares dentro del establecimiento. Relató que los teléfonos que se secuestraban en las requisas eran vendidos enseguida por los propios guardiacárceles y, a la tarde, ya estaban circulando de nuevo de mano en mano.
El tribunal está integrado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Javier Aranibar (interino), vocales de la Sala VII del Tribunal de Juicio. Por el Ministerio Público interviene una Unidad Fiscal integrada por el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, y los fiscales Ana Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt.
Los imputados son veinte. Los funcionarios del Servicio Penitenciario están siendo juzgados por exacciones ilegales agravadas: concusión; comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; y asociación ilícita, todo ello en concurso real.
Los otros implicados (internos y familiares) están acusados por comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas realizada en un lugar de detención, y asociación ilícita, en concurso real.
