Entre otros, hoy compareció una funcionaria penitenciaria que al momento de los hechos (2022 y 2023) se desempeñaba como jefa del sector de requisas. Fue consultada acerca de cómo se efectuaba el procedimiento al personal del penal. Dijo que los efectivos eran requisados al ingresar, con palpación, y sus pertenencias pasaban por un scanner.
También se le consultó sobre las requisas sorpresivas. Dijo que se realizaban en diferentes sectores de la unidad carcelaria, por orden directa del director.
Otro de los testigos, que entre 2022 y 2024 cumplió funciones de encargado de pabellón, declaró sobre el procedimiento interno en caso de faltas disciplinarias y sobre cómo se canalizan los beneficios de los reos. Dijo que, en este último caso, los encargados de gestionar los pedidos ante el Consejo Correccional son los jefes de pabellón. Señaló que, eventualmente, el encargado del sector puede ser convocado por el consejo para brindar un concepto del solicitante.
Sostuvo que es el jefe de pabellón quien tiene en su poder el registro de la conducta y el concepto de cada interno. Agregó que no le corresponde a un encargado de pabellón tener documentación acerca de los detenidos.
Por otro lado, un testigo de la fiscalía que solicitó declarar sin la presencia de los imputados contó que estuvo detenido en la Unidad Carcelaria 1, entre 2020 y 2023. Dijo que en ese lapso su madre y su hermana hicieron transferencias de dinero para que él pudiera acceder a un celular con servicio de internet. Sostuvo que lo usaba para estudiar de manera virtual.
Mencionó que la maniobra consistía en transferir diferentes sumas de dinero a cuentas de CBU que otros internos le pasaban, anotadas en papelitos. En esas notas también se especificaba el monto y el tiempo que podía usar el wifi. Él llamaba a sus familiares por el teléfono fijo del penal o por el mismo celular que le prestaban para solicitar que hicieran la transferencia. Dijo que cuando le entregaban el teléfono no preguntaba de quién era para no tener problemas.
En su primera declaración, brindada en fiscalía, el testigo había brindado otras precisiones. Había descripto al Servicio Penitenciario como “feroz, corrupto y perverso”. También había señalado a uno de los agentes imputados como “el cabecilla” de los que hacían entrar teléfonos y drogas para venderles a los detenidos. Había indicado que a este agente no lo revisaban porque tenía un cargo alto, y que también cobraba por el acceso a extramuros y por otros beneficios como la obtención de un punto más de concepto.
En esa instancia, el ex interno había aportado además que dos de los acusados (celadores) pasaban los teléfonos y la droga en “una ventana de tiempo” que era el cambio de guardia.
Por su reticencia a responder a las preguntas de la fiscalía relacionadas con la declaración brindada en la etapa investigativa, el tribunal ordenó la demora de este testigo, que quedó arrestado hasta mañana con la protección necesaria.
El tribunal está integrado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Javier Aranibar (interino), vocales de la Sala VII del Tribunal de Juicio. Por el Ministerio Público interviene una Unidad Fiscal integrada por el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, y los fiscales Ana Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt.
Los imputados son veinte. Los funcionarios del Servicio Penitenciario están siendo juzgados por exacciones ilegales agravadas: concusión; comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; y asociación ilícita, todo ello en concurso real.
Los otros implicados (internos y familiares) están acusados por comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas realizada en un lugar de detención, y asociación ilícita, en concurso real.
