La fiscalía acusó al exdirector de Seguridad de la Policía de la provincia, Joaquín Guil, y al exagente de policía Carlos Feliciano Estrada por la detención ilegal y la aplicación de tormentos a Tomás Ricardo Cuadri, exsecretario del ministro de Gobierno Enrique Pfister Frías durante la gestión del asesinado Miguel Ragone.
El fiscal general Carlos Martín Amad y el fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila solicitaron la imposición de penas de 13 y 10 años de prisión para ambos acusados por distintos delitos en perjuicio de Tomás Ricardo Cuadri, exsecretario del ministro de Gobierno Enrique Pfister Frías durante el mandato del asesinado gobernador Miguel Ragone.
El pedido de pena fue formulado este martes ante el Tribunal Oral Federal N°1, integrado por Mario Marcelo Juárez Almaraz (presidente), Federico Santiago Díaz y Marta Liliana Snopek, quienes llevan adelante el debate desde el 27 de febrero pasado.
En su alegato, la fiscalía consideró a Guil coautor mediato de los delitos de allanamiento ilegal de domicilio en tres hechos, en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada por el empleo de violencia y amenazas en dos hechos y privación ilegítima de la libertad agravada por el empleo de violencia y amenazas y por su duración superior a un mes en un hecho, en concurso real con imposición de tormentos agravados por ser la víctima un perseguido político en tres hechos, todos cometidos en perjuicio de Cuadri.
Respecto a Estrada, los fiscales pidieron su condena en calidad coautor material del delito de allanamiento ilegal de domicilio en dos hechos, en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada por el empleo de violencia y amenazas en un hecho, en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada por el empleo de violencia y amenazas y por su duración superior a un mes en un hecho, en concurso real con imposición de tormentos agravados por ser la víctima un perseguido político, en dos hechos.
De acuerdo con la exposición de la fiscalía, Cuadri se había desempeñado como secretario privado del ministro de Gobierno salteño, Enrique Pfister Frías, durante el gobierno de Miguel Ragone -asesinado el 11 de marzo de 1976-, razón por la cual era motivo de constantes operativos perpetrados por un grupo de tareas dirigido por Guil, quien buscaba que la víctima brindara datos que los llevara a dar con el paradero del ministro, quien era su objetivo principal.
La fiscalía sostuvo que el móvil de los crímenes contra Cuadri fue la venganza que pensaban concretar contra el ministro Pfister Frías los jefes policiales que, como el acusado Guil, habían sido detenidos por abusos durante la gestión de Ragone.
Cuadri fue detenido en la madrugada del 21 de mayo de 1976 en el marco del allanamiento de su domicilio en la calle Tucumán 1573 de la capital salteña. La fiscalía expuso que el operativo fue dirigido por Guil, sin orden judicial, y que estuvo a cargo de personal de la Policía provincial vestido de civil y armado, entre quienes se hallaba Estrada.
La víctima, según recreó la fiscalía, fue trasladada a la Central de Policía y allí permaneció privada de su libertad durante quince días, lapso en que fue sometida a reiteradas sesiones de picana eléctrica y castigo corporal.
A los meses, el 8 de septiembre de 1976 y con un procedimiento similar, Cuadri fue detenido nuevamente, aunque esa vez lo trasladaron a un descampado boca abajo y encapuchado en el piso de un vehículo junto a otras personas.
En el lugar al que habían arribado, en los alrededores del Dique Las Lomitas, en Campo Quijano, un municipio muy cercano a la capital, la víctima fue sometida a un simulacro de fusilamiento. Luego fue reingresado a la Central de Policía, donde permaneció detenido por 68 días, durante los cuales fue torturado siempre con la finalidad de que brindara elementos sobre el paradero del ministro Frías, sostuvo la fiscalía.
Los fiscales relataron que dos años después, en los primeros meses de 1979, personal de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Salta practicó un allanamiento en la casa de Cuadri a raíz de una falsa imputación respecto de un robo ocurrido en la empresa donde trabajaba como sereno.
El derrotero ilegal, narraron los representantes del MPF, se volvió a repetir con las mismas prácticas abusivas, que se extendieron durante una semana e incluyeron picana eléctrica y golpes con trapos mojados, que provocaron en la víctima la pérdida de la audición en el oído izquierdo.
El objetivo de ese proceder contra Cuadri era que revelara la ubicación de Frías. El ministro había tenido una intervención activa en la detención de Guil y de otros exjefes policiales, cuando Ragone como gobernador había dispuesto el descabezamiento de la cúpula de la fuerza, a lo que siguió la detención de varios de ellos en el marco de investigaciones desarrolladas en el fuero provincial por abusos cometidos en la función policial.
Los fiscales señalaron en su alegato que Frías estuvo en la comitiva que visitó el penal de Villa Las Rosas, cuando Guil y el resto de los exjefes policiales estaban detenidos, con lo cual entendieron acreditada la hipótesis de venganza que perseguían los acusados durante el terrorismo de Estado.
El fiscal ad hoc Sivila ratificó el carácter de lesa humanidad de los delitos imputados a los acusados, ya que enmarcó los hechos como parte del plan sistemático de aniquilamiento implementado por el gobierno de facto imperante en esos años.
También destacaron las contundentes declaraciones brindadas por los familiares de Cuadri, quienes dieron detalles de las detenciones y lesiones sufridas por aquél. Otros testigos presenciales, en tanto, coincidieron con lo señalado por la víctima en su denuncia. Uno de ellos reconoció a Estrada como uno de los policías que participó de esos “operativos” ilegales.
En el primer tramo del alegato, el fiscal ad hoc Sivila ratificó el carácter de lesa humanidad de los delitos imputados a los acusados, ya que enmarcó los hechos como parte del plan sistemático de aniquilamiento implementado por el gobierno de facto imperante en esos años.
En esa línea, dejó en claro que Cuadri era un objetivo político importante para los acusados, sobre quienes sostuvo que mantuvieron el asedio sobre la víctima por más de tres años. Destacó sobre todo el peso probatorio de las declaraciones brindadas en el debate por los familiares, quienes recrearon en detalle cómo eran los procedimientos desplegados por los acusados para llevarse detenido a Cuadri, siempre amparados en la oscuridad.
Sivila resaltó además el trauma que significó rememorar esos episodios para los familiares de la víctima. El fiscal analizó los testimonios, situándolos con las fechas y otras pruebas documentales que permitieron, para la acusación fiscal, acreditar la responsabilidad de Guil y Estrada en grado de coautores.
En ese sentido, recordó fragmentos del testimonio de una hija de la víctima, quien repasó los violentos momentos vividos en los allanamientos ilegales, particularmente escenas en que vio a su padre con la ropa manchada con sangre.
El fiscal ad hoc indicó, como hecho particular, la relación previa de la víctima con Estrada, pues ambos integraban distintos clubes de fútbol, por lo que solían enfrentarse frecuentemente. En efecto, un vecino que testificó en el debate reconoció a Estrada porque ambos jugaban en la liga local.
Un hermano de Cuadri -recordó la fiscalía- dijo durante el juicio que en una de las tantas veces que los familiares fueron a la Central de Policía a indagar por el paradero de la víctima, el propio Estrada les negaba información, mientras que Guil, en un caso, ordenó detenerlo.
A su turno, el fiscal Amad formalizó el pedido de penas. Previamente, el representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Gastón Casabella, había pedido penas de 15 años de prisión para ambos acusados.
