Continuó relatando que uno de ellos se bajó de la moto y le dijo que le dé el dinero, a lo que la víctima, para no tener mayores problemas le entregó la suma de doscientos mil pesos y su teléfono celular. Luego de esto el acusado le disparó en la pierna, a la altura de la pantorrilla, y se fueron del lugar.
El chofer fue trasladado al Hospital San Bernardo donde le diagnosticaron herida de arma de fuego y quebradura de tibia. El imputado fue detenido hace poco más de un mes luego de que se realizara en su domicilio un allanamiento en el que además se secuestró el celular de la víctima.
Ante este hecho el fiscal lo acusó como presunto autor del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego y solicitó se mantenga la prisión preventiva durante 35 días.
La versión del a defensa fue otra. Refirió a que no se trató de un robo, sino que, en todo caso, se trataría de una estafa a la ART. Explicó que su defendido, al que apodan de “Bobo”, recibió un llamado de un compañero unos días antes del hecho, quien le habría ofrecido participar de una simulación de robo en la que tenía que realizar un disparo, ya que la persona a la que debía herir no quería seguir trabajando y quería pedir retiro por ART. Le ofrecieron por ello pagarle cien mil pesos en ese momento y otros cien mil después.
Luego de exponer esta versión, el mismo imputado solicitó declarar y ratificó la historia. La defensa solicitó su arresto domiciliario ya que el hombre manifestó que recibió amenazas en la Alcaidía por parte de otro interno para que no cuente lo sucedido.
La jueza interviniente ordenó mantener la prisión preventiva del acusado por el término de 25 días y ordenó su inmediato traslado a la Unidad Carcelaria 1 para resguardarlo de las amenazas recibidas, por las que además corrió vista a la fiscalía en turno para su investigación.
También ordenó a la Alcaidía General que hasta tanto se produzca el traslado del acusado, se tomen todas las medidas necesarias para resguardar su integridad psicofísica. Finalmente exhortó a la defensa a aportarle a la fiscalía en el término de 24 horas todos los elementos necesarios para producir las pruebas tendientes a investigar su propia teoría del caso.
