El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 suspendió el decreto del gobierno que suspendía la ley de financiamiento universitario.
La decisión del juez Martín Cormick obliga al Ejecutivo a aplicar de inmediato los aumentos salariales y de becas de alumnos.
El fallo destacó la existencia de un deber claro por parte del Estado, basado en el proceso legislativo que incluyó el veto del presidente Javier Milei y la posterior aprobación de ambas cámaras.
En sus fundamentos, el juez remarcó que “el deterioro salarial tiene una incidencia no sólo sobre el colectivo demandante sino sobre el efecto de su trabajo -esto es, una afectación del Derecho a enseñar y aprender del artículo 14 de la Constitución Nacional”.
Además, profundizó el magistrado, “la no concesión de la medida implicaría a priori y en el estado larval del proceso, un ahorro poco significativo porcentualmente para el presupuesto global de gastos de la Administración Pública Nacional”.
La acción judicial se inició tras el veto presidencial a la ley, que fue ratificado por el Congreso con la mayoría requerida, pero luego suspendido por el decreto en cuestión. Cormick resaltó que, en una revisión preliminar, la insistencia legislativa debe prevalecer sobre cualquier suspensión administrativa, ya que no se prevé una opción de este tipo en la Constitución Nacional.
El juez también cuestionó el fundamento del decreto, que se apoyaba en una disposición de la ley 24.629 sobre la necesidad de financiamiento explícito para nuevos gastos. Sin embargo, argumentó que esta norma de menor rango no puede sobreponerse a un mandato constitucional explícito.
Finalmente, el magistrado descartó que la medida genere consecuencias irreversibles, ya que es temporal y puede ajustarse en función del debate presupuestario en curso.
Cormick indicó que la suspensión del decreto respeta el principio de separación de poderes y se mantendrá hasta la resolución definitiva del caso, con una caución juratoria como garantía.
Financiamiento universitario: recursos y salarios garantizados
La Ley 27.795 busca asegurar la continuidad y sostenimiento de la educación universitaria pública. Entre sus principales medidas se destacan:
Actualización automática de los presupuestos universitarios según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
Recomposición salarial de docentes y no docentes, que debe garantizarse con carácter remunerativo y bonificable, incluyendo la plena incorporación de sumas no remunerativas.
Convocatoria obligatoria a paritaria nacional, con actualización mensual no inferior a la inflación.
Revisión y fortalecimiento de programas de becas estratégicas y apoyo a estudiantes en situación de vulnerabilidad.
