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La Corte de Justicia adhiere al decreto de austeridad firmado por Gustavo Sáenz

En el marco de la compleja situación económica nacional y su impacto en las arcas provinciales, la Corte de Justicia de Salta dictó la Acordada 14627 que profundiza el plan de contención del gasto público.

La Corte de Justicia adhiere al decreto de austeridad firmado por Gustavo Sáenz

La medida, que se alinea con el Decreto 206/2026 del Poder Ejecutivo, establece que los jueces del Máximo Tribunal no percibirán aumentos salariales por un periodo de seis meses.

Esta decisión no es aislada, sino que se inscribe en la línea de responsabilidad fiscal ya trazada por el Cuerpo en diciembre de 2023. Al respecto, los magistrados destacaron que, si bien el Poder Judicial mantiene históricamente una gestión basada en la austeridad, la coyuntura actual exige extremar los recaudos para adecuar el gasto a los recursos disponibles sin afectar el servicio esencial de administración de justicia.

Según el informe técnico elaborado por la Dirección de Administración, la implementación de estas restricciones permitirá concretar un ahorro suficiente en las partidas presupuestarias del presente ejercicio.

El plan de austeridad, que tendrá una vigencia semestral, incluye una serie de directivas estrictas para todas las dependencias del Poder Judicial. Además del congelamiento salarial para los jueces de Corte, se dispuso limitar la adquisición y consumo de insumos y bienes de uso a lo estrictamente indispensable para el cumplimiento de la misión judicial.

En cuanto a la gestión de recursos operativos, se ordenó suspender la asignación de pasajes y viáticos, salvo aquellos casos urgentes y debidamente acreditados que sean vitales para el servicio de justicia. También se instruyó profundizar la optimización de los gastos de funcionamiento de la flota oficial y se recomendó un uso eficiente de servicios básicos como energía eléctrica, gas y telefonía.

Por otra parte, la normativa impone límites a los incrementos en la renovación de contratos de alquiler y servicios, además de un ajuste en los cupos de horas de dedicación complementaria, los cuales deberán responder a necesidades críticas de la actividad judicial.

La nueva acordada entra en vigencia de forma inmediata tras su publicación. Con esta resolución, el Poder Judicial de Salta reafirma su compromiso con los principios de austeridad y equilibrio presupuestario ante la coyuntura económica vigente.