Con esta decisión se tiende a extremar los recaudos tendientes a reducir el gasto público y a equipararlo con la presunta disminución de futuros recursos en el actual contexto socio-económico, salvaguardando siempre el correcto funcionamiento del servicio de justicia.
Para ello, los jueces del máximo tribunal provincial decidieron:
- Congelar sus aumentos salariales;
- Suspender nombramientos;
- Limitar la asignación de viáticos a los estrictamente necesarios para el cumplimiento de la función judicial;
- Restringir la adquisición de insumos y bienes de uso;
- Optimizar la utilización de los servicios de energía eléctrica, gas y telefonía adecuando sistemas de control y aplicando nuevas tecnologías;
- Limitar los incrementos de valores de contratos de alquiler de inmuebles y servicios en general;
- Ajustar las horas de dedicación complementaria a la estricta necesidad del servicio.
Las medidas de restricción del gasto se extenderán por el plazo de seis meses, a partir del 1º de enero del 2024.
