La prefecto Carina Torres fue quien presentó la denuncia en la Unidad de Delitos Económicos Complejos para que se investigaran posibles beneficios otorgados a internos del penal por parte de personal penitenciario. Aseguró que tomó esa determinación debido a la gravedad del caso y al involucramiento de funcionarios del propio Servicio. Agregó información sobre el destino de las “puntas carcelarias” secuestradas.
El desarrollo de la audiencia de debate seguida en contra de la red criminal de funcionarios del Servicio Penitenciario -integrada por veinte personas entre funcionarios del Servicio Penitenciario, internos alojados en la Unidad Carcelaria 1 y familiares–, sigue poniendo en evidencia episodios y hechos de una extrema e inusitada gravedad.
Durante la jornada del día de ayer, uno de los investigadores a cargo de las pesquisas expuso que, dentro de la oficina de uno de los jefes penitenciarios investigados, se secuestró una importante cantidad de “puntas carcelarias” las que, según la interpretación criminalística y el resto de la prueba, también habrían sido parte de los elementos que eran objeto de negociación y dosificación con algunos internos, además de celulares y estupefacientes. Se suman a todo ello, las acusaciones por pedir y recibir pagos a cambio de mejoras de calificaciones en concepto y conducta, irregularidades que habrían permitido el otorgamiento de beneficios de egresos anticipados indebidos a cambio de dinero.
Las “puntas carcelarias” son elementos punzo cortantes habitualmente utilizados entre los internos para atentar en contra de la vida de uno de ellos. La entonces directora general del Servicio Penitenciario, prefecto mayor Carina del Valle Torres, quien prestó declaración en el día de la fecha, confirmó lo declarado en el día de ayer por el investigador, en cuanto a que el destino de resguardo de las puntas carcelarias que se requisan a los internos, debe ser por razones de seguridad, “en la Oficina de Sumarios”; y no en la oficina de un jefe de pabellón, como fue el caso en que fueron encontradas.
En su testimonio, la exdirectora, respondió preguntas de la Unidad Fiscal -integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt– y de los abogados defensores, durante más de dos horas.
Torres inició su declaración manifestando que ocupó el cargo de directora general entre abril de 2022 y junio de 2024, y explicó al Tribunal cuáles son las funciones de los distintos cargos del Servicio Penitenciario, como celadores, jefes y encargados de pabellón y de Vigilancia, entre otros. Relató que, poco después de asumir, el jefe de Inteligencia del Servicio Penitenciario le advirtió sobre irregularidades detectadas durante la gestión anterior en el otorgamiento de beneficios penitenciarios en la Unidad Carcelaria 1. Indicó que incluso reaparecieron versiones, como el ingreso de pizzas mediante un delivery, supuestamente recibidas por el jefe de pabellón Bisceglia para un interno.
Según declaró, algunos internos habrían accedido a beneficios como salidas transitorias sin que existieran las actas del Consejo Correccional ni los informes técnicos exigidos por la normativa. En varios expedientes, precisó que no constaban los fundamentos del otorgamiento ni la intervención de las autoridades competentes.
Dada la gravedad del caso y el involucramiento de personal del propio Servicio, manifestó que decidió presentar la denuncia ante la Unidad de Delitos Económicos Complejos, para que el Ministerio Público Fiscal llevara adelante la investigación con los debidos recaudos. Aseguró que durante todo el proceso mantuvo absoluta reserva, incluso respecto de sus superiores, y que sólo dio intervención al ministro de Seguridad y al subsecretario de Políticas Penales.
En relación al funcionamiento del penal, sostuvo que se detectaron intentos de ingreso de elementos prohibidos –como estupefacientes y celulares– tanto por parte de internos como de personal penitenciario y visitas. Afirmó que hubo casos en los que suboficiales y oficiales intentaron evadir los controles para ingresar celulares, así como situaciones detectadas durante requisas a terceros.
Indicó que los controles de ingreso y egreso del personal y las visitas se realizan con escáneres y pórticos detectores de metales, pero que, pese a los procedimientos vigentes, en ocasiones se logró burlar la seguridad. Explicó que, cuando un escáner se descompone, su reparación depende de personal proveniente de Buenos Aires, lo que puede demorar hasta seis meses.
Respecto a las visitas, señaló que no se realiza contacto físico en la requisa salvo que exista una orden judicial, lo que consideró una vulnerabilidad estructural. Relató que ordenó reforzar los controles y el trabajo del área de Sumarios. En los casos donde se incautaban elementos prohibidos –como puntas carcelarias, celulares o drogas–, precisó que eran secuestrados y quedaban a resguardo en la oficina de Sumarios o eran remitidos a la Dirección de Drogas Peligrosas, si correspondía. Esta circunstancia pone aún más de relieve la gravedad del secuestro de puntas carcelarias en el escritorio de uno de los imputados.
Consultada sobre las investigaciones que luego se abrieron en su contra, Torres no dudó en adjudicarlas a haber iniciado la causa que concluyó con ocho funcionarios del Servicio Penitenciario acusados de exacciones ilegales agravadas, de participar en la venta de drogas dentro del penal —actividad agravada por la cantidad de personas involucradas, el lugar de comisión y su rol como guardiacárceles—, y de integrar una asociación ilícita. “Todo esto me perjudicó”, manifestó.
Tras la declaración de Torres, prestó testimonio el jefe del Departamento de Inteligencia del Servicio Penitenciario, Reynaldo Herrera. Explicó que su área tiene injerencia en todas las unidades carcelarias y que su función principal es relevar información sobre posibles irregularidades o violaciones a las normas internas, para luego elevarla a la Dirección General.
Indicó que el modo de trabajo del área puede variar según el criterio del director en funciones. En ese sentido, detalló que durante la gestión de Leonardo Isasmendi los informes eran requeridos de forma verbal, mientras que, con la asunción de Carina Torres, se le exigió remitir todo por escrito.
Respecto a un hecho puntual, Herrera relató que durante la gestión de Isasmendi tomó conocimiento del ingreso irregular de pizzas a la Unidad Carcelaria 1, situación que fue informada verbalmente en su momento. Luego, ya con Torres en funciones, y ante los rumores sobre beneficios indebidos a internos, decidió elevar un informe formal en el que detalló esa situación. El documento fue remitido también a la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC).
Consultado sobre ese episodio en particular, afirmó que existe un video donde se observa el ingreso de un delivery con cuatro cajas de pizza a nombre del jefe de pabellón, Bisceglia. En la grabación —según precisó— se ve cómo la comida recorre distintos sectores del penal hasta llegar al pabellón K, donde es recibida por Bisceglia, quien la lleva a su oficina. Luego, se observa salir del lugar a un interno con la bolsa de pizzas en su poder. Desde la Unidad Fiscal precisaron que el video fue analizado y será exhibido durante el juicio.
Tras la declaración de otro testigo, el Tribunal de Juicio, presidido por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar, dio por concluida la jornada hasta mañana a las 8, cuando se espera que continúe la ronda de testimonios.
