Hoy declararon dos testigos, un exconcejal y el abogado que se desempeñó como secretario de Gobierno del municipio durante 2019 y 2020. Este último fue consultado, entre otros puntos, sobre la manera en que se llevó a cabo la transición entre la gestión saliente de Fernando Gonza y la del intendente entrante (hoy denunciante), Manuel Saravia, el 10 de diciembre de 2019.
La describió como desordenada, incómoda y poco amable. Dijo que era evidente que había una resistencia o un desconocimiento por parte de las autoridades salientes de cómo llevar a cabo el traspaso. Mencionó que esa mañana ingresaron al predio de la Municipalidad, tocaron la puerta del inmueble y nadie abría aun cuando adentro se escuchaban voces. No tenían las llaves de ninguna oficina. Contó que tuvieron que pedir la intervención de un juez de paz y de un escribano.
Cuando lograron ingresar se dieron con que las computadoras no tenían ninguna información, sólo funcionaba el sistema operativo. Tampoco lograron acceder a un inventario de bienes.
Ante este panorama, el intendente electo decidió contrastar a dos profesionales (contadores) para que realizaran una auditoría.
El exsecretario de Gobierno también hizo referencia al sistema de “vales” que se utilizaba en la gestión de Gonza para retirar dinero en efectivo. Se trataba de simples papeles donde a veces se consignaba el destino del dinero y otras veces no.
El otro testigo, exconcejal de la comuna sanlorenceña, señaló que formó parte del órgano legislativo municipal en tres periodos (2013 al 2015, 2015 al 2017, 2017 al 2019). Consultado sobre la situación del municipio durante 2018 y 2019, durante la gestión de Fernando Gonza, hizo referencia a la reticencia del funcionario a responder a los reiterados pedidos de informes del Concejo. Dijo que, por ejemplo, en ese lapso se le requirieron datos sobre el parque automotor de la Municipalidad, pero nunca contestó. El testigo expresó que desconocía por qué el jefe comunal incumplía su obligación de informar al Concejo Deliberante, órgano contralor y fiscalizador del Ejecutivo municipal. Indicó que debido a estas irregularidades hubo un pedido de destitución que fue apelado por el acusado.
Mencionó que durante varios meses de 2019 –alrededor de seis, sin poder precisar fechas-, los concejales dejaron de cobrar sus dietas porque el intendente no enviaba las partidas presupuestarias. Señaló que, durante ese lapso, los ediles incluso se quedaron sin obra social. Consideró que, a su parecer, la maniobra del Ejecutivo apuntó a que el Concejo dejara de funcionar porque ya había muchos pedidos de informes acumulados. El testigo aseveró que la situación derivó en la presentación de un amparo, pero la deuda nunca fue cancelada. Explicó que, si bien la Carta Orgánica establecía una división de poderes, la autonomía presupuestaria del Concejo no se cumplía.
Consultado sobre si el acusado Aldo Gonza –también concejal durante 2018 y 2019- había entregado al órgano legislativo municipal alguna suma de dinero proveniente del Ejecutivo, o televisores, estufas o tablets compradas por la Municipalidad, respondió que no recordaba tales concesiones.
El juicio se lleva a cabo con tribunal colegiado integrado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Francisco Mascarello.
Por el Ministerio Público interviene la fiscal Claudia Geria. En la querella, en representación de la Municipalidad de San Lorenzo, se desempeñan Juan Casabella Dávalos y Débora Ramírez (apoderada de la comuna). La defensa del acusado Rogelio Guaymás está a cargo de Juan Diego Herrera y, la de los hermanos Gonza, en manos de Roberto Tomás Aranda y Ariel Vázquez.
Ernesto Fernando “Kila” Gonza está imputado como autor de los delitos de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, todo en concurso real. El contador Rogelio Guaymás está acusado por peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real. Finalmente, Aldo Dalmiro Gonza está imputado por peculado, en calidad de partícipe necesario.
La denuncia fue presentada por el actual jefe comunal de San Lorenzo, quien luego de asumir -durante su primer mandato- dispuso la realización de una auditoría externa respecto de la gestión de su antecesor, Ernesto Gonza. El informe final reveló numerosas inconsistencias.
Según consta en la causa, el exjefe comunal incumplió en forma reiterada las normativas que regulan el sistema financiero y de gestión de la administración pública municipal. Según el decreto de imputación, los coimputados habrían dispuesto en forma discrecional de los recursos municipales sin observar normas vigentes, lo que habría derivado en un grave perjuicio al erario municipal. Estas maniobras habrían facilitado el manejo a voluntad de los fondos públicos. Esto, sumado a la falta de rendición de cuentas por parte del exjefe comunal al término de su mandato.
