La Unidad Fiscal Salta, representada por el fiscal general Eduardo Villalba y la fiscal subrogante Paula Gallo, formalizó la investigación penal e imputó formalmente por trata de personas a un empresario gastronómico, acusado de explotar laboralmente a siete trabajadores dentro de una finca dedicada a la producción porcina y donde también se cultivan y cosechan tabaco y aceitunas. Tras una inspección, autoridades habrían detectado que las personas trabajaban bajo condiciones insalubres.
Tras las actuaciones preliminares que la fiscalía había iniciado en marzo de este año, el juez federal de Garantías N°2 de Salta, Diego Anzorreguy, hizo lugar este miércoles a la imputación formulada por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral agravada por el número de afectados, la situación de vulnerabilidad de las víctimas y por su consumación, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 145 bis y ter del Código Penal. En la audiencia, dispuso también un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación y se le fijó al empresario una serie de medidas coercitivas, que incluyen la prohibición de salida del país y el no tener contacto con determinados empleados.
Al presentar el caso, el Ministerio Público Fiscal, representado también por la auxiliar fiscal Vanina Pedrano y el abogado José Manuel Lavilla, explicaron que las actuaciones se originaron a partir de una denuncia anónima al servicio telefónico gratuito 145, establecido por el Ministerio Nacional de Seguridad para alertar sobre situaciones de trata de personas. Allí, se mencionó una posible situación de precariedad laboral en las instalaciones de la finca ubicada en la localidad de Cerrillos
A partir de ello, y con intervención de la Procuraduría de Trata de Personas (PROTEX), personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanzó con una inspección al lugar donde advirtió condiciones insalubres e irregularidades graves respecto a la percepción de ingresos por parte de los empleados.
Las habitaciones donde dormían los trabajadores dentro de la finca. Foto: Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)
Tras ello, la Unidad Fiscal Salta avanzó con las actuaciones preliminares, lo que permitió reunir mayores evidencias de la presunta actividad ilegal. Al mismo tiempo, se notificó al imputado de la tarea que llevaba adelante el MPF.
Durante la audiencia, los fiscales explicaron que algunos de los trabajadores vivían en condiciones de extrema precariedad en habitaciones con piso de tierra, camas hechas con palets, baños de letrinas y para asearse tenían que calentar agua en tachos. En ese sentido, exhibieron fotografías de la finca y detallaron la situación laboral de los 20 trabajadores que se encontraban allí.
Las víctimas trabajaban en condiciones insalubres y sin baños, por lo que utilizaban letrinas y debían calentar agua en baldes. Foto: Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)
Salarios ínfimos
La auxiliar Pedrana señaló que las remuneraciones no superaban, en general, los 500 mil pesos. No obstante, consideró que la carga de horario laboral era excesiva y que no se pagaban horas extras, feriados ni domingos. Tampoco se cubría a los empleados cuando estaban enfermos o se accidentaban.
En ese sentido, indicó que uno de los trabajadores sufrió un accidente laboral, pero no fue asistido por el imputado y tuvo que ser trasladado por un familiar. A raíz de la lesión sufrida en una de sus piernas, no fue compensado ni se le pagó por los días que no pudo trabajar.
La fiscalía detalló que el empresario disponía "de manera discrecional" de los trabajadores: si bien advirtió que eran registrados como personal para cosecha de tabaco, luego se los derivaba a otras tareas, en especial a la cría de la raza de cerdo negro, la especialidad de un local gastronómico que tiene el empresario.
El empresario se dedica, entre otras actividades, a la cría de la raza de cerdo negro, la especialidad de un local gastronómico que tiene. Foto: Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)
En la audiencia, los representantes del MPF explicaron que la registración como trabajadores del tabaco se trata de una maniobra común e ilegal, pues los empleadores lo hacen para pagarles una carga salarial menor para destinarlos después a la cosecha de aceituna o a la producción porcina. Detallaron la situación vivida por adultos mayores que eran explotados con tareas excesivas y pagos exiguos, a tal punto que uno de ellos debía asistir a un comedor de Cáritas, ya que no le alcanzaba para comer.
En contrapartida, exhibieron la situación financiera del empresario que, según lo informado por ARCA, registró ingresos que superaron los 600 millones de pesos en 2025 y una suma similar en lo que va de este año. En ese sentido, dejaron en claro que el imputado cuenta con la solvencia para darles las condiciones dignas de viviendas a sus empleados, como así también cumplir con el pago salarial previsto por ley.
Tras la presentación de la fiscalía, el defensor público de víctimas, Nicolás Escandar, quien representa a tres de los afectados, adhirió a la posición del MPF y solicitó la formalización de la imputación.
“Creo que no he cometido ningún delito, esto me pasar por ayudar a la gente”, afirmó el empresario al prestar declaración. Sobre las viviendas precarias y las malas condiciones bajo las cuales vivián sus empleados, adujo que se trataba de una conducta propia de ellos, ya que los baños con letrina no estaban habilitados, pero ellos de igual forma los usaban.
Aseguró que las habitaciones de adobe tampoco estaban habilitadas y que su error fue "no haber derribado esas piezas". Aseguro que posee viviendas con aire acondicionado, televisión satelital y otras comodidades, pero que durante la inspección no se tomaron fotos de esos lugares.
