En un plenario de ambas cámaras legislativas, la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero Cornejo; el juez de Corte, Pablo López Viñals; el presidente del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, Martín Diez Villa; y el Procurador General, Pedro García Castiella, analizaron hoy el proyecto de reforma del Código Procesal Penal que promueve el Poder Ejecutivo.
Durante su intervención, Ovejero Cornejo subrayó que los cambios propuestos buscan optimizar la calidad del servicio judicial. Remarcó los logros alcanzados desde la implementación del Plan Piloto de Oralidad en febrero de 2023, que ha demostrado ser altamente efectivo, reduciendo significativamente los tiempos de duración de los procesos penales y logrando soluciones tempranas en más del 40% de los casos. Además, se modernizaron las salas de audiencia con sistemas de videograbación que permiten un acceso casi inmediato a los registros por parte de las partes involucradas.
La presidenta de la Corte también destacó el avance en la interconexión con el Ministerio Público Fiscal y el desarrollo del Sistema de Expediente Digital para el fuero penal. La creación de la Oficina Judicial, encargada de la gestión administrativa y la organización de las audiencias, ha liberado a los jueces de estas tareas, permitiéndoles enfocarse exclusivamente en las decisiones jurisdiccionales.
Ovejero Cornejo hizo hincapié en que la mayoría de las provincias han progresado con éxito hacia la oralidad plena mediante la adopción de un Código Procesal Penal actualizado y acorde a las necesidades actuales.
Por su parte, el juez López Viñals señaló que esta reforma culmina un proceso iniciado en 2011. “Actualmente, enfrentamos un sistema totalmente escritural y es esencial que lo transformemos. Oralizar el proceso desde su inicio hasta su finalización es la mejor manera de hacer justicia”, afirmó. Además, destacó que el proyecto del Poder Ejecutivo está alineado con la experiencia que ha desarrollado el Poder Judicial en materia de oralidad, lo que ha fomentado una cultura de negociación significativa. Según su análisis, Salta establecerá un modelo de calidad en la justicia penal que perdurará a lo largo de los años.
En su intervención, el Procurador General, Pedro García Castiella, manifestó que las reformas propuestas facilitarán una gestión más eficiente del proceso penal, priorizando un enfoque restaurativo en lugar de un punitivismo frío y mecánico. Asimismo, el presidente del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, Martín Diez Villa, enfatizó que se adoptará un sistema adversarial pleno, donde uno de los principios fundamentales es la “igualdad de armas”. Este principio garantiza que todas las partes tengan las mismas oportunidades y medios para defenderse y presentar sus argumentos, asegurando así un juicio justo y equilibrado.
El proyecto de reforma, según lo presentado por el Poder Ejecutivo, se implementará de manera progresiva, iniciando en febrero de 2026 en el Distrito Judicial del Centro. Posteriormente, se extenderá hacia los distritos del interior.
Este encuentro constituye un paso crucial hacia la modernización del sistema judicial de la provincia, con el fin de garantizar una justicia más ágil, transparente y accesible para todos los ciudadanos.
