En medio de un contexto de tensión social, y con numerosas manifestaciones, a los diputados de Salta no se les ocurrió mejor maniobra que reflotar un proyecto que llevaba más de un año archivado, y aprobaron una ley "antipiquetes" que regirá en la provincia en caso de también ser aprobada por el Senado.
Este proyecto establece que para realizar un reclamo social en la vía pública, los manifestantes deben presentar un informe 24 horas antes a la Comisaría de la zona dejando datos sobre la jornada y también de quiénes estarán a cargo.
En este caso, los responsables de la manifestación deben establecer medidas para garantizar "el normal funcionamiento de servicios públicos, especialmente los referidos a la salud, transporte público, educación y bomberos" y "la circulación de personas y/o vehículos" por un carril.