El presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP), Carlos Saravia, pidió que se investiguen las presiones ilegales que el legislador despliega públicamente para condicionar decisiones del organismo, y que podrían encubrir otras intenciones. Según el funcionario, otro diputado anticipó que Segura iniciaría una campaña de desprestigio en represalia por haber expuesto las actividades comerciales de la empresa Miguel Segura S.A., de la cual el legislador posee un 25% de participación.
La denuncia incluye las declaraciones juradas que Segura presentó en 2020 y 2024, donde habría ocultado su vínculo societario y las contrataciones con el Estado. En paralelo, se detallan contratos por más de $674 millones en cuatro años para la provisión de módulos alimentarios y víveres, pese a la prohibición expresa de la ley de declaraciones juradas (3382) y la ley de contrataciones provinciales (8072).
Saravia también presentó su propia declaración jurada de bienes ante la Procuración General, en un intento de despejar dudas y reforzar la transparencia del proceso. La investigación ahora queda en manos de la Justicia provincial.
