El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados destituyó de su cargo a la Defensora Oficial Civil 1 de Tartagal Rosa Fabiola Díaz y dispuso inhabilitarla para ejercer cargos públicos por el término de ocho años.
El veredicto ordenó, además, remitir la documentación presentada por el Procurador General de la Provincia, Abel Cornejo al Fiscal Penal que por turno corresponda.
Los fundamentos del veredicto serán leídos en audiencia el próximo martes 6 de julio a las 11.
El veredicto fue leído por el presidente del Jurado y titular de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano.
Previamente, en la mañana, se habían escuchado los alegatos. A su turno el Procurador General de la Provincia Abel Cornejo expuso las razones de su acusación y solicitó la destitución de la Defensora Oficial Civil 1. La defensa técnica de Rosa Fabiola Díaz en tanto, pidió la absolución.
La audiencia de debate del Jurado comenzó la semana anterior escuchándose los distintos testimonios aportados por defensa y parte acusadora.
Contra la defensora se plantearon dos denuncias. Una sostenida por el Defensor General de la Provincia, Pedro García Castiella y otra por el Procurador General de la Provincia, Abel Cornejo.
La defensora se encontraba suspendida provisoriamente en sus funciones con embargo sobre un porcentaje del sueldo. Al haberse dispuesto hoy su destitución se fijó también que las costas del proceso deberán ser afrontadas por la exdefensora, debiendo retenerse las sumas embargadas para ello.
De acuerdo a las actuaciones, Díaz incurrió en un claro incumplimiento de los deberes a su cargo, comisión de presuntos delitos dolosos y un evidente mal desempeño en su rol de funcionaria pública, considerando entre otras inconductas, la gravedad de los hechos que dieron origen a la investigación penal, el sector de extrema vulnerabilidad involucrado en el destino de los bienes retenidos y el transcurso del tiempo.
De la información suministrada profusamente por los medios de comunicación y las constancias del sistema de Denuncias del Ministerio Público Fiscal, surgió que Sandra Liliana Díaz denunció a sus hermanas, Rosa Fabiola Díaz (Defensora oficial) y Paola Alejandra Díaz (Concejal), por tener acopiadas las donaciones de distintas fundaciones y organizaciones intermedias, durante todo 2020 y hasta la actualidad. Lo retenido en Tartagal, no fue entregado sus destinatarios y en cambio, habría sido comercializado por ambas. Las supuestas donaciones fueron presuntamente realizadas por las Fundaciones Noble, River Plate, Marinaro, entre otras y consistieron en bienes tales como pañales, zapatillas, indumentarias, agua mineral, alimentos no perecederos y artículos de limpieza e higiene personal, cuyas beneficiarias serían las comunidades aborígenes de la zona. Los hechos tomaron estado público el 4 de febrero del corriente año.
