La magistrada ratificó el último 3 de abril las medidas dictadas contra el Arzobispo Cargnello, junto al sacerdote Lucio Ajaya, el obispo emérito Martín de Elizalde y el vicario judicial Loyola Pinto y de Sancristóval.
Las medidas tomadas por la jueza son las mismas que fueron dictadas de manera preventiva cuando inició el conflicto entre el Arzobispado y el Convento San Bernardo a fines del año 2021.
Se intimó a Cargnello junto a los demás acusados a realizar tratamiento psicológico con perspectiva de género "a fin de trabajar patrones vinculares y hechos de violencia". Los implicados deberán presentar ante el juzgado constancia del tratamiento de manera mensual durante el plazo de seis meses.
Por otro lado, la capacitación ordenada es en cuestiones de género, violencia de género y normativa vigente, todo bajo apercibimiento de desobediencia judicial.
Las medidas se desprenden de la causa que investiga cinco hechos de violencia que las Carmelitas denuncian haber sufrido por parte de Cargnello, Ajaya, Elizalde y Loyola Pinto, luego de un episodio sucedido en el 2021 durante la pandemia.
Según los testimonios de las monjas relatan un altercado físico con violencia verbal que habrían sufrido de parte de Cargnello y Ajaya durante el velorio de una hermana. A Elizalde y Pinto los acusan de presiones ejercidas tras el primer desencuentro.
La defensa del Arzobispado aclaró a este medio que apelará la resolución judicial dictada por Cáceres Moreno, que ya habían sido dictadas en el 2022 y que fueron suspendidas provisoriamente en el marco de la discusión judicial.
Cabe destacar que el Juzgado de Violencia Familiar y de Género no emite sentencias sino resoluciones judiciales, por lo que el arzobispo y los religiosos acusados no se encuentran formalmente condenados tras conocerse este documento.
Fuente: Nuevo Diario
