En la audiencia de debate, además del líder de la compañía, están siendo juzgados Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz. Todos ellos acusados por los delitos de estafas reiteradas (118 hechos) y asociación ilícita en concurso real.
Desde principios de junio, fecha de inicio del juicio, comparecieron ante el tribunal alrededor de cien testigos. La mayoría de ellos damnificados y denunciantes. La fiscalía desistió hoy de algunos testimonios por economía procesal y por considerarlos redundantes.
Por la mañana, la defensa técnica de la familia Vilardel presentó audios y videos enviados por Cositorto en febrero de 2022 a la “comunidad Zoe” desde el exterior, explicando su estrategia para sostener la compañía y garantizar rentabilidad a los inversores.
En esas transmisiones, Cositorto denunciaba el “relato mentiroso y sesgado de los medios”, tendiente a atacar “la revolución cultural” que significaba Zoe en medio de un “modelo colapsado”. Aseguraba que la campaña de desprestigio venía del ámbito comunicacional y también del político. Desmentía a quienes hablaban de “estafa piramidal” y remarcaba su compromiso por sostener un modelo exitoso que iba por fuera del “sistema usurero de los bancos”.
En sus mensajes, el imputado buscaba llevar tranquilidad a los inversores asegurando que ya había diseñado un plan de saneamiento que le iba a permitir cumplir con los pagos. Hacía referencia al cierre de las oficinas físicas a raíz de los ataques y amenazas sufridos en algunas sedes y comunicaba la apertura de una nueva plataforma –Sunrise- a la cual podían migrar las personas interesadas en sostener su capital. A este grupo les ofrecía un depósito de 2 mil dólares -para todos por igual- con pagos automatizados del 7.5 % mensual y la renegociación de lo invertido en la primera plataforma. También garantizaba la continuidad de la oferta educativa en coaching y trading.
A quienes optaban por retirarse les avisaba que debían realizar su reclamo de manera remota y que podrían acceder a un plan de pago en cuotas. Esta opción iba especialmente dirigida a quienes se habían sumado a Zoe entre noviembre de 2021 y febrero de 2022.
En los videos compartidos por whatsapp, Cositorto seguía promocionando la compra de membrecías y los nuevos planes de negocios de la compañía, destinados a recuperar rentabilidad. El imputado mencionaba la inminente creación de la primera “comunidad privada Zoe” e invitaba a adquirir “terrenos en el metaverso”.
También aseguraba haber pagado la segunda cuota en la compra de una mina de oro que le daría respaldo a su criptomoneda, Zoe Cash. Decía haber comprado dos equipos de fútbol, uno en Tailandia y otro en Andorra, y tener avanzada la negociación para entrar a la AFA como sponsor.
Seguidamente declararon peritos técnicos del CIF, entre ellos el profesional que tuvo a su cargo la extracción de información de cuatro dispositivos celulares pertenecientes a los imputados de la familia Vilardel.
El tribunal está integrado por los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio, Martín Pérez (presidente), Javier Aranibar y Leonardo Gabriel Feans (vocales). Por el Ministerio Público se desempeña la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio. En representación de Cositorto interviene la defensora oficial Cecilia Martínez. La defensa de los coimputados Vilardel y de Vilma Albornoz está a cargo de Fernando Díaz Zabalaga.
