El Gobierno de Salta, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, declaró este miércoles la “emergencia penitenciaria”. La misma estará en vigencia por tres años, y comprende los aspectos preventivos, asistenciales, sanitarios, de rehabilitación, infraestructura y de los servicios de todos los establecimientos carcelarios, y demás dependencias destinadas a la guarda y custodia de personas procesadas, penadas o simplemente detenidas.
En la publicación realizada en el Boletín Oficial también se insta a conformar una Comisión de Emergencia en Materia Penitenciaria que se integrará con un representante del Ministerio de Seguridad y Justicia, un representante del Servicio Penitenciario Provincial; un representante de la Subsecretaría de Políticas Penales, invitando a participar a un representante del Ministerio de Infraestructura, un representante del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, un representante de la Corte de Justicia de la Provincia, un representante de la Defensoría General del Ministerio Público y un representante de la Procuración General Del Ministerio Publico. La Comisión será presidida por el Representante del Ministerio de Seguridad y Justicia.
Entre los fundamentos se señala que la capacidad operativa del alojamiento de las unidades cancelarias provinciales se ha visto superada por una sobrepoblación superior al 42,31%, ocasionando la peligrosa situación de utilización de dependencias policiales para el alojamiento permanente de internos procesados y condenados
