A pedido de la Fiscalía de Distrito Salta, el juez federal de Garantías N°2, Diego Anzorreguy, declaró legal la detención y dictó la prisión preventiva de un hombre de 51 años acusado de integrar una organización narcocriminal investigada por el almacenamiento y tráfico de 204 kilos de cocaína que había sido desarticulada entre febrero y junio pasado. El imputado fue detenido el 4 de agosto último, durante un allanamiento realizado en su vivienda del barrio San Remo, en la zona sur de la capital salteña, donde cumplía prisión domiciliaria.
En la audiencia de formalización de la investigación penal, realizada el viernes pasado, el juez hizo lugar a la imputación formulada por el fiscal general con funciones de coordinación en el Distrito Salta, Eduardo Villalba, y la auxiliar fiscal Roxana Gual, quienes están a cargo de la investigación del caso.
El acusado R.S.P.M. fue imputado como coautor de dos hechos de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, en concurso real con el delito de almacenamiento de estupefacientes. Además, se dictó su prisión preventiva por 71 días y se autorizó el peritaje del teléfono celular secuestrado.
Con esta nueva imputación, ya son diez las personas acusadas en la causa, todas bajo prisión preventiva.
La investigación se inició el 24 de febrero pasado, cuando J.N.C. y su pareja, C.E.C., fueron detenidos mientras transportaban 17 kilos de cocaína ocultos en el tanque de combustible de un Volkswagen Gol Trend.
El procedimiento fue realizado por personal de Gendarmería Nacional en el puesto de El Naranjo, en la localidad salteña de Rosario de la Frontera. Los efectivos detectaron la droga a partir del fuerte olor a combustible y otras anomalías observadas en el tanque del vehículo.
Tras la formalización de la imputación contra la pareja por el transporte de estupefacientes, la fiscalía profundizó la pesquisa y logró identificar a otros integrantes de una organización que, según la hipótesis acusatoria, se caracterizaba por acopiar la droga en la ciudad de Salta, una modalidad que habitualmente se desarrolla en localidades próximas a la frontera norte.
A través de tareas de campo e intervenciones telefónicas, realizadas con la colaboración de personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la Policía de la Provincia, la fiscalía identificó a otros siete integrantes, entre ellos quien sería el líder de la estructura.
El 21 de julio pasado, luego de realizar tareas de vigilancia sobre los vehículos utilizados por los integrantes de la organización —que incluyeron la colocación de un dispositivo GPS en una camioneta Volkswagen Amarok—, la fiscalía interceptó el rodado cuando transportaba una importante cantidad de cocaína.
El primer procedimiento se realizó sobre la ruta 34, a la altura del peaje de Cabeza de Buey, donde fueron detenidas dos mujeres, B.E.L., quien conducía el rodado, y C.S., que iba como acompañante. En paralelo, se realizaban otros doce allanamientos simultáneos.
En la requisa de la camioneta fueron hallados 117 kilos de cocaína ocultos en un doble fondo y otros compartimentos del rodado. A esa cantidad se sumaron otros 70 kilos de la misma sustancia encontrados dentro de un vehículo en una vivienda allanada en la localidad de Cerrillos.
Además de las dos mujeres detenidas en Cabeza de Buey, fue detenido R.E.F., señalado como líder de la organización y encargado de realizar tareas de vigilancia como “coche puntero”. En los restantes procedimientos fueron arrestados A.R.B.C., M.E.R.M., J.D.G. y Y.A.B.P.
A partir de las evidencias secuestradas durante los procedimientos —entre ellas dinero, armas, teléfonos celulares y documentación—, la fiscalía incorporó además el testimonio de una persona con identidad reservada y otros aportes realizados por imputados de la causa. Esos elementos permitieron avanzar en la identificación y posterior detención del hombre que residía en el barrio San Remo.
Según explicó la fiscalía durante la audiencia, la vinculación del acusado R.S.P.M. con la organización surge, entre otros elementos, de audios y conversaciones que mantuvo con J.N.C., el primer detenido de la investigación. En esas comunicaciones se registraron reclamos vinculados con una deuda de dinero en dólares.
Otro de los elementos considerados por los representantes del MPF fue el uso que el imputado hacía de la camioneta Volkswagen Amarok usada para el transporte de los 117 kilos de droga. En particular, señalaron que días antes del procedimiento del 21 de julio, se pudo ver el rodado en su casa de barrio San Remo.
En el domicilio, el hombre debía cumplir una condena de cinco años y dos meses de prisión por el delito de transporte de estupefacientes, impuesta por el Tribunal Oral Federal de Jujuy bajo la modalidad de prisión domiciliaria. El beneficio había sido otorgado a partir de su alegación de que debía cuidar a sus padres, de avanzada edad, y a un hijo menor con autismo.
Sin embargo, de acuerdo con la fiscalía, el acusado incumplía las condiciones de la prisión domiciliaria y se desplazaba habitualmente en la VW Amarok y en una Toyota Hilux. Según la investigación, ambos vehículos eran utilizados por la organización para transportar la droga, que era almacenada tanto en una vivienda de Cerrillos como en el domicilio del imputado.
En ese marco, la fiscalía indicó que, días antes del operativo del 21 de julio, el acusado fue observado al regresar desde la zona de San Luis. Descendió de la Volkswagen Amarok con una conservadora y una caña de pescar, circunstancia que, según los investigadores, constituye otro elemento que demuestra el incumplimiento de la prisión domiciliaria.
La fiscalía también destacó que otros imputados y una persona con identidad reservada lo señalaron como integrante de la organización y le atribuyeron un rol clave en las tareas de logística y finanzas. En ese contexto, se secuestraron más de 3.000 dólares en su vivienda.
Ante la fuerte imputación en su contra, el acusado pidió declarar en busca de dar una explicación que atenúe su situación. Para la fiscalía, sus dichos presentaron contradicciones y argumentos que no pudieron ser corroborados. Lo único que sí reconoció fue haber violado la prisión domiciliaria que gozaba.
En relación con su desplazamiento para realizar una excursión de pesca, admitió que había decidido hacerlo después del control efectuado por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, porque consideraba que ese era el momento en que tenía menos posibilidades de ser descubierto. Para la fiscalía, esta circunstancia constituye otro indicio del modo en que el imputado habría burlado las condiciones impuestas por la justicia.
