Le impusieron la pena de dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Deberá cumplir reglas de conducta.
La causa inició cuando algunos miembros del Concejo Deliberante de Salvador Maza denunciaron a Villalba por la administración de los fondos públicos durante su mandato. La Auditoría General de la Provincia también encontró defectos en el manejo de la economía del estado municipal.