El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó a un año de prisión en suspenso e inhabilitación especial por el mismo período a un efectivo de la Gendarmería Nacional que en 2023 le exigió dinero a un hombre que intentaba cruzar hacia Bolivia con tres televisores por un paso clandestino de la localidad fronteriza de Aguas Blancas. En el juicio, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el titular de la Sede Fiscal Descentralizada Orán, el fiscal federal Marcos Romero.
El fallo fue por unanimidad -con los votos de las juezas Marta Liliana Snopek (presidenta) y Gabriela Elisa Catalano y su colega Mario Marcelo Juárez Almaraz-, y recayó sobre el cabo Julio Alberto Sivila (38), quien al momento del hecho pertenecía al Destacamento “Móvil 5” de la fuerza federal, compuesto con personal procedente de la provincia de Santiago del Estero.
En la audiencia realizada el 24 de abril pasado, en línea con lo solicitado por el MPF, el TOF N°1 declaró a Sivila responsable por el delito de exacciones ilegales en calidad de autor, contemplado en el artículo 266 del Código Penal. El jueves pasado, en la audiencia de determinación de la pena, se le impuso un año de prisión en suspenso y un año de inhabilitación especial. La fiscalía había pedido una pena de 1 año y 4 meses.
El tribunal también le fijó al condenado algunas reglas de conducta, entre ellas, fijar residencia, someterse al cuidado del patronato y abstenerse de consumir estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas.
La investigación del caso estuvo a cargo del auxiliar fiscal Luis Valencia y del prosecretario Sebastián Spucches Calafiore, ambos de la Sede Fiscal Descentralizada Orán, desde donde destacaron la intervención de personal de la Sección Aguas Blancas del Escuadrón 20 “Orán” de Gendarmería Nacional, ya que llevaron al damnificado a formular la correspondiente denuncia, pese a que había al menos un funcionario de la misma fuerza involucrado.
Los efectivos del Escuadrón 20 se entrevistaron con el hombre de nacionalidad boliviana que estaba parado junto al carro y éste les dijo que ya había realizado “el pago a su compañero” de la fuerza para que lo deje pasar. Contó que le dio lo que tenía en los bolsillos, unos 7.000 pesos en efectivo.
El hecho ocurrió el 23 de agosto de 2023, alrededor de las 14.30, cuando efectivos del mencionado Escuadrón 20 de la fuerza federal realizaban un patrullaje por la zona del límite internacional fronterizo que une la localidad salteña de Aguas Blancas y con la boliviana de Bermejo. En el sector denominado “Los Gomones” -paso no habilitado ubicado del lado argentino- visualizaron a personal del Destacamento “Móvil 5”, que presta apoyo en dicha sección, efectuando un control a dos personas, una de las cuales trasladaba un carro con tres televisores. Cuando vieron la presencia del móvil oficial, esos gendarmes se retiraron.
Los efectivos del Escuadrón 20 se entrevistaron con el hombre de nacionalidad boliviana que estaba parado junto al carro y éste les dijo que ya había realizado “el pago a su compañero” de la fuerza para que lo deje pasar. Contó que le dio lo que tenía en los bolsillos, unos 7.000 pesos en efectivo.
El personal le explicó que no debía realizar pago alguno a ningún funcionario, por lo que el damnificado expresó que quería realizar la denuncia correspondiente, razón por la cual se trasladaron hacia el asiento de la subunidad.
Allí, explicó que ese día había comprado por la mañana los televisores en un supermercado de Orán y los llevó hacia Aguas Blancas, donde buscó una persona que le cargue los electrodomésticos en un carro para ir hacia la zona de “Los Gomones” y así cruzar hacia Bermejo.
Tras el análisis de la información recabada a raíz del levantamiento del secreto fiscal y bancario, se concluyó que, si bien el investigado poseía una fuente de ingresos declarada, “la misma no alcanza para justificar los bienes adquiridos” en el período a analizado, ni para “mantener su nivel de vida”.
Siempre según el testimonio del denunciante, cuando el carrero se dirigía hacia ese lugar, fue interceptado por un gendarme que le pidió la factura, él se acercó y exhibió la boleta digital, pero el efectivo le exigió una impresa y, finalmente, dinero para dejarlo pasar. Explicó que sacó los 7.000 pesos que tenía encima y se los entregó por temor a que le sacara los televisores que se había comprado.
Iniciada la investigación, a partir de la descripción de vestimenta y física que el damnificado hizo sobre el gendarme, se pudo identificar al cabo Sivila del Destacamento Móvil 5 como el principal imputado.
Si bien inicialmente también se investigó a otros dos efectivos de la misma fuerza, en la audiencia de control realizada en diciembre de 2024, la propia fiscalía instó el sobreseimiento de ambos al no surgir elementos que permitan vincularlos al hecho delictivo denunciado, y así se llegó a la etapa de juicio con Sivila como único imputado.
El informe patrimonial
Más allá de que el testimonio del damnificado fue el elemento central que incriminó a Sivila tanto durante el proceso como en el juicio oral, el fiscal Romero mencionó en el debate un informe patrimonial sobre el acusado realizado por el Departamento Operaciones contra el lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico de la Policía Federal Argentina.
Tras el análisis de la información recabada a raíz del levantamiento del secreto fiscal y bancario, se concluyó que si bien el investigado poseía una fuente de ingresos declarada, “la misma no alcanza para justificar los bienes adquiridos” en el período a analizado, ni para “mantener su nivel de vida”.
