La Justicia dio a conocer este miércoles el veredicto en el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz condenó al ex jefe de Operaciones Navales Claudio Villamide a tres años de prisión de ejecución condicional por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado.
La resolución fue tomada por los jueces Mario Gabriel Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Nicolás Baronetto, quienes analizaron las responsabilidades penales de los cuatro acusados en una causa que buscó determinar si existieron incumplimientos funcionales vinculados con la tragedia que provocó la muerte de los 44 tripulantes del submarino. La sentencia se conoció tras el proceso oral que buscó determinar las responsabilidades penales de los ex jefes de la Armada vinculados con el hundimiento del submarino ocurrido el 15 de noviembre de 2017.
Villamide fue considerado responsable por las irregularidades vinculadas al manejo operativo del submarino y por las decisiones adoptadas antes y durante la misión que terminó con la desaparición de la nave. La pena impuesta por el tribunal no implica cumplimiento efectivo en prisión al tratarse de una condena condicional.
En tanto, la Justicia absolvió a los ex jefes navales Luis López Mazzeo, Héctor Alonso y Hugo Correa, quienes habían llegado al juicio acusados por su presunta responsabilidad en los hechos investigados. El tribunal consideró que no existían elementos suficientes para dictar una condena en su contra.
Si bien los fundamentos completos de la sentencia se conocerán en agosto, fuentes judiciales deslizaron que uno de los argumentos centrales para las absoluciones fue que Alonso y Correa no tenían dominio del hecho investigado. Según esa interpretación, ambos cumplían funciones como asesores dentro del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos y no integraban la cadena de mando con capacidad de decisión directa sobre las acciones cuestionadas.
En el caso de López Mazzeo, las mismas fuentes señalaron que el Tribunal consideró que el control directo sobre el submarino no se encontraba dentro de sus funciones específicas. Por ese motivo, la Justicia entendió que no correspondía atribuirle responsabilidad penal por los hechos analizados en el juicio.
La causa tuvo como eje central establecer si las autoridades de la Armada cumplieron con sus responsabilidades de control, supervisión y conducción de las operaciones del submarino antes de su última navegación.
El ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 mientras navegaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata. Un año después, en noviembre de 2018, la nave fue localizada a 907 metros de profundidad en el área conocida como Mar Argentino Norte, a unos 500 kilómetros de la costa de la península Valdés.
El hallazgo confirmó la tragedia que había movilizado durante meses a familiares de los tripulantes y a equipos de búsqueda nacionales e internacionales. Desde entonces, la investigación judicial avanzó para determinar las responsabilidades de los mandos superiores de la Armada.
