Dijo que la pericia genética comenzó el 29 septiembre de 2022. Su rol consistió en controlar el procedimiento realizado por una perito bioquímica del CIF y, posteriormente, elaborar un informe conjunto. Sostuvo que la prueba se desarrolló de manera correcta y que no tuvo discrepancias. Por lo tanto, rubricó el informe.
La testigo remarcó que todo perito de parte debe basarse en la evidencia científica, debe ser veraz y debe tener independencia a la hora de elaborar sus conclusiones. Manifestó que si hubiera tenido alguna discrepancia la hubiera dejado explicitada.
Indicó que, según los resultados de la primera conclusión, el perfil de Javier Saavedra arrojó compatibilidad con las muestras obtenidas en la escena del hecho, identificadas como “Hombre 1”. Agregó que, en el caso de los otros dos hermanos, el resultado de compatibilidad dio negativo.
La profesional también fue consultada sobre otros informes realizados en el marco de la investigación, referidos al análisis de muestras de ADN tomadas a otros diez familiares de los Saavedra, que no arrojaron compatibilidad.
Consultada por la fiscalía acerca de las razones por las cuales decidió renunciar como perito de parte de la familia Saavedra, expresó que consideró que no podía seguir colaborando con quienes la estaban desprestigiando y acusándola de no haber hecho bien su trabajo. Dijo que se sintió amenazada e intimidada y prefirió renunciar.
Explicó que “una prueba de ADN no considera situaciones particulares; es una prueba científica objetiva. No responde a intereses ni a objetivos particulares de nadie”.
Al manifestar la testigo que todavía siente temor por la situación vivida, la fiscalía solicitó medidas de protección para ella y para su familia. El tribunal hizo lugar al pedido y prohibió a los imputados y a sus familiares acercarse a menos de 300 metros de la profesional y de su grupo familiar. También se les ordenó abstenerse de contactarse con ella y con su familia por cualquier medio.
Finalmente, los jueces dispusieron que se le asigne consigna policial fija en su casa y en su domicilio laboral, hasta nuevo aviso.
Seguidamente declararon dos vecinos de barrio Parque Belgrano, amigos de los imputados. Uno de ellos dijo tener mayor cercanía con Adrián Guillermo y con Carlos Damián. Contó que solía ir a la cancha de Gimnasia y Tiro con ellos pues son simpatizantes de ese club. Habló de “Los pibes”, el grupo barrial que integraban, y de los autos que les conocía a los Saavedra en 2017: un Volkswagen Vento marrón, un Renault Logan azul y un Renault Clío azul oscuro. También se lo interrogó acerca de las mascotas que tenía la familia: una perra grande, marrón, y una caniche gris pequeña, que era de Javier.
Consultado sobre la actividad laboral de Guillermo y Damián en 2017, en relación al primero señaló que sabía que trabajaba en Aguas del Norte, haciendo tareas en la vía pública. Sobre el segundo dijo desconocer su ocupación.
El otro testigo manifestó haber sido amigo de la infancia de Javier Saavedra. Lo describió como una persona pacífica, altruista y alejada de los conflictos.
Contó que lo vio por última vez en abril de 2022 y que sabía que había decidido mudarse a Santa Victoria Este porque ahí podía ayudar realmente, ya que en esa zona había mucha pobreza. También fue consultado acerca de los automóviles y las mascotas que tenía la familia Saavedra.
En referencia a “Los pibes”, dijo que era un grupo que habían formado los chicos del vecindario. Agregó que en todos los barrios había grupos similares y que a veces había grescas entre ellos.
Los hermanos Saavedra están siendo juzgados por homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa por el concurso premeditado de dos o más personas, femicidio.
El juicio se desarrolla con tribunal colegiado integrado por los jueces José Luis Riera (presidente), Mónica Faber y Maximiliano Troyano (vocales). Por el Ministerio Público interviene una unidad fiscal conformada por los fiscales Mónica Poma, Gabriel González y Leandro Flores. La defensa de los imputados está a cargo de Marcelo Arancibia. Como querellante, en representación de la familia de la víctima, interviene Pedro Javier Arancibia.
El hecho que se juzga en esta instancia ocurrió el 27 de enero de 2017 en barrio San Nicolás de la localidad de Vaqueros.
