Luego de la aprobación a la reforma laboral en el Senado, el Gobierno de Salta defendió la postura adoptada por los legisladores nacionales y sostuvo que la decisión tuvo un impacto directo en las arcas provinciales.
La vocera Paula Benavides explicó que, cuando el gobernador Gustavo Sáenz convocó a los representantes salteños en el Congreso, planteó dos ejes centrales: analizar el texto de la reforma en profundidad y priorizar los intereses de la provincia por encima de cualquier alineamiento político.
En ese sentido, destacó que hubo un punto clave que se debatió y logró modificarse, lo que impidió un impacto negativo para la provincia.
De acuerdo a lo señalado por la vocera, estaban en riesgo alrededor de $81.000 millones, “hoy podemos decir que esos fondos siguen en casa y están destinados a seguridad, educación y salud”, afirmó.
Por último, Benavides señaló que, a pesar de que el gobernador haya apoyado la postura Nacional, por ahora, Sáenz no tiene agendado reunirse con el presidente Milei.
