Emitieron un comunicado en el cual dio a conocer que toda persona que lleve adelante acciones de intimidación, amenazas, incitación a la violencia, falsas alarmas u otros hechos que alteres la normal convivencia y seguridad en establecimientos educativos, será puesta a disposición de la justicia.
A su vez, informó que deberán afrontar las consecuencias legales correspondientes, todo esto con el objetivo de resguardar el derecho a la educación en un ambiente seguro.
Aclararon que las falsas amenazas, incluidas las que se hacen en redes sociales, mensajería instantánea u otros medios digitales, son delito y serán investigadas.
Quienes podrán adquirir responsabilidad por los daños y perjuicios que causen los menores de edad, serán los padres o tutores legales que tengan a su cargo al menor.
Solicitaron a la comunidad que ante cualquier hecho sospechoso o que sea de riesgo para las comunidades educativas se debe comunicar al 911.
