El juez de la Sala I del Tribunal de Impugnación Luciano Martini rechazó los recursos de apelación presentados por los defensores de los policías Walter Exequiel Mamaní, Julia Antolina Díaz y Juan Francisco Giménez.
Mamaní y Giménez se desempeñaban como comisario y jefe de dependencia, respectivamente, de la subcomisaría de El Dorado en Apolinario Saravia. En la causa también está imputado el efectivo policial Sergio Luis Carlos Argañaraz.
Los recursos de apelación cuestionaban la resolución del Juzgado de Garantías de Primera Nominación del Distrito Judicial del Sur Circunscripción Anta que había desestimado, entre otros puntos, el pedido de revisión de la prisión preventiva.
Mamaní está imputado por los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad (dos hechos), falsedad ideológica (dos hechos) y vejaciones agravadas, en concurso real; Díaz está imputada por los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica y vejaciones agravadas, en concurso real y Giménez lo está por abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica, vejaciones agravadas y coacción, en concurso real.
El juez destacó que el tiempo de detención de los imputados no es irrazonable teniendo en cuenta la calificación provisoria asignada a los hechos que se investigan “ya que resulta posible que aquellos sean condenados a pena privativa de libertad por un tiempo mayor al encierro que vienen sufriendo; máxime si se tiene presente la naturaleza de los hechos investigados, cuyas singularidades resultan relevantes para ponderar su notoria gravedad.”
El monto de la pena –dijo- “es un específico indicador del peligro de fuga y, ante la amenaza penal en expectativa, por el principio de proporcionalidad, la gravedad del delito que se investiga conlleva a que se acreciente la presunción del peligro para los fines del proceso, dado el fuerte contraestímulo para acatar los llamados de la Justicia que implica la posibilidad de afrontar una extensa privación de libertad”.
Además señaló la necesidad de asegurar el esclarecimiento de los hechos y las particularidades de los mismos por el hecho de ser los imputados funcionarios públicos pertenecientes a las fuerzas de seguridad.
