El senador nacional Maximiliano Abad presentó un proyecto de ley para incorporar un nuevo articulo al Código Penal con el fin de endurecer las sanciones penales para quienes ejerzan violencia contra trabajadores de la educación, la salud y el transporte público durante el desempeño de sus funciones. La propuesta del bonaerense es de elevar un tercio.
Bajo el nombre de la incorporación del articulo 41 sexties, Abad propuso aumentar en una tercera para a las penas de cualquier delito del mínimo y del máximo cometido “con motivo u ocasión” del trabajo de la víctima cuando ésta sea docente, integrante del equipo de salud o trabajador del transporte público.
La problemática ha tenido una alarmante crecida en los últimos años, sobre todo, en el conurbano bonaerense donde se conocen trascendidos de ataques a choferes de colectivos o docentes. “Estamos frente a una escalada de violencia contra personas que prestan servicios esenciales y si no protegemos a quienes educan, curan y trasladan a la ciudadanía, el costo social se multiplica porque necesitamos vivir en una Argentina normal”, señaló.
“Estas conductas, atemorizan y conspiran contra la correcta convivencia de los ciudadanos y a la eficaz atención de servicios, tal como se vio reflejado en hechos de las últimas semanas”, expresó el senador radical, quien recordó que “existe actualmente un agravamiento delictual resultando víctimas quienes prestan servicios esenciales, que padecen el accionar típico por su calidad y condición de tal”.
La iniciativa destacó que la agresión a estos sectores repercute en toda la comunidad: suspensión de clases, cierre de guardias y paralización de líneas de transporte. Por eso, el proyecto plantea que cualquier lesión, amenaza, robo o daño cometido mientras la víctima desempeña —o a causa de haber desempeñado— su función reciba un castigo mayor que el contemplado hoy.
“Propongo entonces que las penas de los condenados por delitos contra trabajadores del transporte, docentes o médicos, enfermeros o prestadores de salud, se agraven respecto de sus originales, puesto que quien lo comete demuestra desprecio a quien los educa, transporta o los cura”, planteó Abad.
También subrayó que el texto recoge reclamos de gremios docentes, colegios médicos y sindicatos del transporte: “Los trabajadores esenciales merecen un paraguas de protección específico. Agravar las penas es un mensaje claro porque la violencia no puede ser parte de la rutina laboral”.
