La Casa Rosada siguió de cerca este lunes las repercusiones del paro nacional docente y en qué distritos se garantizó el servicio mínimo del 75% de actividad en las escuelas. Además, apuntó contra la provincia de Buenos Aires por “escatimar” la información y evitar las inspecciones de Nación.
“Nosotros nos ocupamos de fiscalizar el cumplimiento de la jornada escolar como marca la ley. Si eso no se logró, seguramente habrá sanciones a los gremios”, enfatizaron a TN desde Balcarce 50, donde aclararon que las eventuales consecuencias no alcanzarán a los docentes que adhirieron a la medida de fuerza.
Para dar cuenta del cumplimiento de los pisos de prestación mínima establecidos por la Ley de Modernización Laboral, la Secretaría de Trabajo que conduce Julio Cordero instruyó a sus inspectores en las 43 agencias territoriales que se despliegan a lo largo del país que realicen un muestreo.
Fuentes oficiales aseguraron a este medio que tanto la Ciudad de Buenos Aires como Mendoza, San Luis y Santa Fe superaron el nivel mínimo de actividad en sus escuelas. En contraposición, que la provincia de Buenos Aires obstaculizó la recopilación de información sobre las escuelas en su jurisdicción.
A su vez, en Entre Ríos, Chubut y San Juan informaron que hubo un “muy bajo acatamiento” a la medida.
Los cuestionamientos de la Casa Rosada al gobierno bonaerense tienen que ver con una comunicación interna de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense dirigida a inspectores regionales, distritales y equipos directivos para fijar un criterio para actuar frente a los eventuales pedidos de la Secretaría de Trabajo de la Nación.
Se informó que el Ministerio de Trabajo bonaerense realizó una presentación formal ante el área que dirige Julio Cordero para que se abstuviera de solicitar información a las instituciones bonaerenses para realizar cualquier tipo de fiscalización sobre el empleo público del distrito.
En ese sentido, el texto argumentó que el artículo 6 de la Constitución Nacional prohíbe que un organismo administrativo nacional ejerza facultades de fiscalización o sanción sobre materias reservadas a las provincias sin el proceso político-parlamentario correspondiente y sostuvo que la medida del Ejecutivo constituye “un avance ilegítimo sobre la autonomía local”.
“El punto es la incoherencia. La provincia de Buenos Aires termina admitiendo lo que el Gobierno dice, (el paro) es un tema de ellos”, replicó un funcionario nacional a TN. En ese sentido, la Casa Rosada cuestionó el accionar de los gremios docentes de realizar un paro nacional cuando las negociaciones salariales son responsabilidad de las provincias. “La medida de fuerza se tornó muy politizada”, remarcaron.
CTERA justificó la convocatoria al paro de 24 horas en todas las escuelas del país en el rechazo del Gobierno de convocar a una Paritaria Nacional Docente en un contexto donde el sueldo mínimo de los docentes continúa alrededor de los $500 mil.
Así, el sindicato reclamó un aumento salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) —herramienta para pagar un adicional a los maestros y profesores que fue eliminada en 2024— y un mayor financiamiento para el sistema educativo, entre otros puntos. Para el sindicato, la jornada de huelga tuvo “un altísimo acatamiento en todo el país”.
