A través del Decreto 464/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional extendió la intervención de Corredores Viales S.A., la empresa estatal encargada del mantenimiento y operación de rutas nacionales, hasta que concluya el proceso de disolución y privatización que prevé la Ley de Bases. La medida se formaliza en un contexto de cambios profundos en la estructura estatal vinculada al transporte, tras la reciente creación de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, que asumirá tareas clave en materia de fiscalización.
La continuidad de la intervención ratifica en su cargo a Anastasia María de los Ángeles Adem como interventora, y otorga al Ministerio de Economía la potestad de dictar normas complementarias para llevar adelante la decisión. La intervención, iniciada por el Decreto 244/2025 en abril, se justifica en la necesidad de completar un complejo proceso de reorganización y traspaso hacia el sector privado. La futura privatización de Corredores Viales se realizará mediante concesiones de obra pública bajo la modalidad de peaje, tal como lo prevé el Decreto 97/2025.
El texto oficial firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, fundamenta la prórroga en la detección de graves deficiencias estructurales y administrativas dentro de la compañía, que incluyeron problemas en las áreas de compras, contrataciones, gestión legal y de capital humano. Entre las acciones correctivas ya implementadas se destacan un nuevo organigrama, la creación de un Comité de Inversiones y la normalización del área legal.
Según el Gobierno, estas mejoras requieren ser consolidadas en el tiempo para garantizar una transición ordenada hacia el nuevo esquema de gestión vial. La intervención, por lo tanto, se mantendrá hasta completar el proceso establecido por la normativa vigente. Adem continuará ejerciendo las atribuciones plenas del directorio de la empresa.
