El presidente Javier Milei firmó el veto total a la ley de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), impulsada por todos los gobernadores, luego de su aprobación en el Congreso. La medida marca un nuevo capítulo en la relación entre el Ejecutivo y los líderes provinciales.
El veto se da en un contexto de alta tensión política para el Gobierno, con repercusiones tras el resultado en las elecciones bonaerenses y la interna dentro del oficialismo, así como las secuelas del escándalo por los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La norma había sido sancionada en ambas cámaras del Congreso tras un acuerdo de los 24 distritos, pero ahora el Ejecutivo decidió que no se implementará la distribución de los ATN. La medida generó cautela entre los gobernadores, especialmente aquellos que integran el bloque de Provincias Unidas, quienes habían pedido que no se vetara la normativa.
El decreto presidencial argumenta que la ley contradice la finalidad original de los fondos ATN, asegurando que no son parte de la "masa coparticipable de distribución automática", sino un instrumento "extraordinario y de aplicación discrecional" para que el Estado Nacional pueda responder a contingencias críticas e imprevistas.
Como ejemplos, el documento menciona la asistencia a provincias durante la pandemia de COVID-19 y las emergencias hídricas y económicas de 2024 y 2025. El gobierno sostiene que quitarle esta herramienta de acción inmediata al Estado es un "menoscabo concreto" a sus facultades.
Además, el escrito hace hincapié en que la verdadera solución al problema del reparto fiscal no está en reformas parciales, sino en un consenso amplio y duradero. Por último, establece que el veto es una facultad constitucional del Presidente, la cual es necesaria para evitar que una ley, cuya finalidad es financiar gasto corriente de las provincias, entre en vigencia.
El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) está previsto en la Ley de Coparticipación Federal para atender “situaciones de emergencia y desequilibrios financieros” de los gobiernos provinciales. Según la norma, del total de impuestos coparticipables, el 42,34% queda en el Gobierno nacional, el 56,66% se distribuye automáticamente entre las provincias, y el 1% restante se reserva para los ATN.
Estos fondos se consideran transferencias no automáticas o “discrecionales”, porque el Ejecutivo nacional podía decidir cómo repartirlos, sin criterios ni prioridades previamente establecidos. La iniciativa aprobada por el Congreso buscaba modificar esta modalidad y establecer que los ATN se coparticipen de manera automática y diaria, como el resto de los fondos, integrando plenamente la masa coparticipable.
Según el último informe de la Jefatura de Gabinete, en lo que va de 2025 la Nación ya transfirió $84 mil millones a las provincias en concepto de ATN, casi un 70% más que lo transferido en todo 2024. Como en gestiones anteriores, estos recursos se giraron hasta ahora de forma discrecional, y la nueva ley buscaba cambiar esa lógica para garantizar previsibilidad y regularidad en la distribución.
En paralelo, el Gobierno evalúa cómo proceder con la ley de emergencia en Discapacidad, que ya fue ratificada. Entre las opciones están judicializar la normativa o reglamentarla de forma que su aplicación quede neutralizada, mientras se gestionan las repercusiones políticas de ambas decisiones.
