A tres años de la Ley de Alquileres, la cual continúa generando polémica, se presentó un nuevo proyecto para modificarla. Puntualmente, introducen la solicitud de modificar al artículo de la duración y también el que estipula la regulación de los precios.
La Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), la Asociación Empresarios de la Vivienda (AEV), la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) y la Fundación de Estudios para Desarrollos Inmobiliarios (FEDI) fueron las principales impulsoras de este nuevo petitorio.
En medio de un contexto signado por la crisis inmobiliaria, se trata de un intento de encontrar soluciones en medio de un contexto inflacionario y una extrema escasa oferta de inmuebles.
En su comunicado conjunto, las entidades destacaron que la propuesta pretende "generar un incremento paulatino de la oferta de viviendas y la baja de los valores de los alquileres" en el corto plazo, buscando aliviar la situación del sector locativo habitacional.
Respecto a los contratos de alquiler, la propuesta sugiere entonces que el precio se establezca como un valor único y por períodos mensuales, permitiendo ajustes cada cuatrimestre como mínimo. Además, se plantea que no se permitan bonificaciones ni otras metodologías que puedan confundir al inquilino.
En cuanto a la fórmula de ajuste de las locaciones, el proyecto estipula que los incrementos estén basados en un índice conformado por partes iguales de las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), que es publicado mensualmente por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Esta nueva fórmula reemplazaría al actual índice ICL, el cual ha sido objeto de críticas debido a su impacto en medio de una alta inflación.
Adicionalmente, la propuesta incluye la reducción del plazo mínimo legal de los contratos de alquiler a dos años. Según las entidades inmobiliarias, "el plazo actual de un año resulta insuficiente en un contexto inflacionario desequilibrado y ha generado problemas como una aceleración en los precios, retracción de la oferta y dificultades para ambas partes contratantes", indica Infobae.
En relación al proceso legislativo, desde Juntos por el Cambio pidieron la convocatoria a una sesión especial por la Ley de Alquileres, la cual se prevé para el 23 de agosto. No obstante, las entidades inmobiliarias esperan que se pueda tratar antes de esa fecha, destacando que han mantenido acercamientos y contactos con el Gobierno nacional en los últimos días.
