Luego de que el Gobierno nacional tomara la decisión de suspender la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario, la Universidad de Buenos Aires (UBA) comunicó que iniciará acciones judiciales para que la administración nacional asigne de forma los recursos necesarios y cumpla con su ejecución.
Pese a que el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la Ley 27.795, en el mismo Decreto 759/2025 ordenó frenar su aplicación hasta tanto el Congreso determine de dónde saldrán las partidas para su implementación, amparándose en el artículo 5° de la Ley 24.629, que indica que toda norma que autorice o disponga gastos "deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos".
La ley establece un esquema de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente. También contempla recursos para becas estudiantiles, tecnología, investigación y formación académica, con la actualización de salarios según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según estimaciones oficiales, demandaría $1,07 billones en 2025 y más de $2 billones en 2026.
