De Vido estaba detenido con una pulsera electrónica en su casa de la localidad boanerense de Zárate desde diciembre pasado. Previamente había estado dos años preso en la cárcel federal de Marcos Paz. Esa detención domiciliaria era la única restricción que pesaba sobre el ex funcionario, que ahora quedó libre.
La decisión de los jueces Adrián Grünberg, José Michilini y Ricardo Basílico se basó en que no hay riesgos procesales para la causa si De Vido está en libertad.
La causa Río Turbio es por la que el ex funcionario fue detenido el 25 de octubre de 2017 por orden de la Cámara Federal luego de perder sus fueros como diputado nacional. Luego quedó preso en otras causas, como los cuadernos de la corrupción y la importación de gas natural licuado, pero luego fue excarcelado.
En el expediente se investiga un presunto desfalco de 200 millones de pesos en la reactivación de la mina de cárbon de Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz. La causa está en etapa de juicio oral y todavía no tiene fecha de juicio. Otro de los acusados del caso es Roberto Baratta, ex funcionario de Planificación Federal, que también estuvo preso y recuperó su libertad en diciembre pasado.
De Vido fue detenido por presuntos peligros procesales si continuaba en libertad. Entre ellos, lo que el camarista Martín Irurzun llamó las “relaciones residuales de poder” por su paso por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y su rol como diputado nacional.
En octubre del año pasado, cuando se cumplieron dos años de la detención de De Vido –el plazo máximo que la ley establece para estar preso sin condena– el tribunal oral por mayoría le dio la prisión domiciliaria y le extendió por seis meses la detención. En esa oportunidad, el juez Grünberg había votado por la libertad.
El ex funcionario recién salió de prisión y fue a su casa el 14 de diciembre cuando el tribunal oral federal de la causa de los cuadernos de la corrupción lo excarceló en ese expediente.
Ahora su defensa volvió a pedir la libertad. El fiscal Miguel Ángel Osorio la avaló. El juez Grünberg volvió a reiterar su postura del año pasado. “No existen elementos certeros y concretos para concluir que intentará entorpecer el curso del proceso o eludir la acción de la Justicia”, sostuvo. Y agregó que De Vido no tiene condenas firmes, posee arraigo y que el juicio no se hará en el corto ni mediano plazo.
Sus colegas se sumaron a la postura. “Considero que los peligros procesales establecidos por el art. 319 del ordenamiento de forma, esto es, riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación, no se verifican en el caso bajo estudio”, sostuvo en su voto el juez Michilini de la resolución a la que accedió Infobae.
El magistrado agregó que para otorgar la libertad “cabe tener en consideración el estado de salud del imputado De Vido, aunado a que cumplió adecuadamente con el instituto del arresto domiciliario".
En los últimos meses, De Vido había lanzado duras críticas hacia el gobierno de Alberto Fernández, ya que consideraba que era una “preso político”. La respuesta llegó de boca del propio Presidente: “Me molesta que me digan que tengo presos políticos porque no los tengo. Lo que quieren es hacernos pelear entre nosotros”, sentenció.
Fuente: Infobae
