La Argentina enfrenta el reclamo de un fondo buitre, Burford, que compró los derechos del juicio iniciado por el grupo Petersen.
La magistrada pospuso para diciembre las presentaciones del Fondo Burford y a enero la defensa por parte de la Argentina, hasta que "haya una idea más clara de qué administración tendrá el poder de hablar por la República".
La empresa Petersen Energía, que fue accionista de YPF, perdió sus acciones por la expropiación de la compañía durante el gobierno de Cristina Kirchner y vendió sus derechos de reclamo al fondo de inversión Burford, que exige u$S3.000 millones por daños.
La Argentina tenía plazo hasta el 30 de noviembre para contestarle, que ahora se extendió hasta el próximo 7 de enero próximo para accionar en la causa.
Los abogados que representan al gobierno argentino en los tribunales de Nueva York argumentan que la expropiación de YPF es un acto soberano que ocurrió en el país, por lo que debe tramitarse en juzgados locales, y habían presentado un pedido para ampliar su posición.
En junio pasado la jueza había rechazado el pedido de que el juicio que se sigue en ese país contra el Estado nacional e YPF por la expropiación de la petrolera estatal se traslade a los tribunales de la Argentina.
El Gobierno de Mauricio Macri intentó desestimar la demanda en Estados Unidos amparado en el argumento de que la expropiación de YPF fue un acto soberano, y, por lo tanto, está amparado por la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera.
