La Defensoría de la Tercera Edad habilitará en el curso de esta semana la adhesión a una acción colectiva para frenar la suspensión de la ley de Movilidad Jubilatoria e impedir que se aplique el aumento de haberes al sector pasivo de acuerdo con la modalidad anunciada el viernes por el presidente Alberto Fernández, por considerar que esa decisión “vulnera derechos adquiridos” en una continuidad de “una práctica habitual del Estado argentino” de "pagarles menos a los jubilados.
La decisión de la Defensoría fue adelantada a Infobae por su titular, Eugenio Semino, quien señaló que están preparando la presentación junto al constitucionalista Andrés Gil Domínguez y que esperan la publicación del decreto correspondiente en el Boletín Oficial “para ver sus particularidades”.
Semino abordó los perjuicios a los jubilados desde varias aristas, incluyendo lo que a su juicio representa violaciones a la Constitución Nacional, tanto en su artículo 14 bis como en tratados internacionales a los que se adhirió en la reforma de 1994, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y también las negociaciones sobre la reprogramación de la deuda, ya que diferentes títulos públicos integran los fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) y de las cajas previsionales profesionales.
Adicionalmente a la apertura de acción colectiva, la Defensoría que encabeza Semino presentará una medida cautelar para dejar sin efecto el decreto con el gobierno dispuso para todos los jubilados un aumento de 2,3% más un fijo de 1.500 pesos, que para quienes ganan por debajo de $ 16.200 es una mejora de $ 197 respecto de lo que surgía de la aplicación de la ley, pero un perjuicio desde 352 pesos por mes a quienes ganan $ 20.000 hasta más de 8.000 para las jubilaciones más altas.
“La decisión del Gobierno de dar un aumento al margen de la ley de Movilidad tiene efectos múltiples y negativos para diversos sectores. El planteo que hacemos tiene muchos rubros. Pero el eje central es el cuestionamiento a los efectos generados por la suspensión de la ley, al vulnerarse derechos adquiridos”, amplió.
Semino, además, alertó que si no tiene la respuesta esperada de la Justicia, acudirá “per sáltum a la Corte Suprema de Justicia”.
Fuente: Infobae
