El Gobierno no prevé impulsar una reforma tributaria integral y se encamina a reservarla como una de las promesas económicas para un eventual segundo mandato de Javier Milei. En el Ejecutivo sostienen que las cuentas públicas todavía no ofrecen el margen suficiente para aplicar una reducción estructural de impuestos sin comprometer el equilibrio fiscal.
La definición implica un nuevo corrimiento respecto de la hoja de ruta que la Casa Rosada manejó durante el último año y que se comprometió con el FMI a presentar para fines de 2026. En Nación ya no trabajan con un escenario en el que el rediseño general del sistema impositivo llegue al Congreso, aunque mantienen como objetivo político avanzar hacia una estructura con menos tributos y menor presión fiscal. “Seguramente como promesa”, responden en el Gobierno sobre la posibilidad de que quede para después de las elecciones.
El argumento central es fiscal. El último resultado oficial disponible es a julio y muestra que el Sector Público Nacional acumuló en los primeros siete meses un superávit primario cercano al 0,9% del PBI, pero un superávit financiero de apenas 0,1% una vez pagados los intereses de la deuda. En julio, el resultado primario fue positivo en $2,96 billones y el financiero cerró con un excedente de $244.897 millones.
La evolución mensual muestra además un equilibrio con poco margen para absorber una pérdida permanente de recaudación. El Gobierno registró superávit financiero por $1,105 billones en enero, $144.421 millones en febrero, $484.789 millones en marzo, $268.103 millones en abril y $478.613 millones en mayo. En junio tuvo un déficit financiero de $1,025 billones y volvió al terreno positivo en julio.
El resultado de enero tuvo además un componente extraordinario. Economía informó que parte de los ingresos correspondieron a la licitación para la operación privada de centrales hidroeléctricas y que, sin esos recursos de capital, el superávit financiero de ese mes habría sido de apenas $65.256 millones. Es uno de los elementos que refuerzan dentro del Ejecutivo la cautela para comprometer bajas permanentes de impuestos sobre la base de ingresos que no necesariamente se repiten.
En julio, los ingresos totales del Sector Público Nacional alcanzaron $17,09 billones y crecieron 30,4% interanual, mientras el gasto primario fue de $14,13 billones y aumentó 24,4%. Los recursos tributarios que ingresaron al esquema fiscal crecieron 29,6%. El resultado positivo dependió así de que el gasto avanzara a un ritmo menor que los ingresos, además del calendario de pagos e intereses.
El Gobierno tiene además una obligación por ley de preservar el equilibrio de las cuentas durante todo 2026. El Presupuesto vigente establece que la ejecución de la Administración Nacional debe terminar el ejercicio con resultado financiero equilibrado o superavitario y proyectó originalmente un excedente de $2,734 billones. Para Economía, reducir de forma permanente impuestos de alta recaudación requiere primero generar un colchón fiscal que permita compensar esa pérdida.
Ese criterio ya había quedado plasmado en el informe del Consejo de Mayo sobre la reforma tributaria. El documento oficial sostuvo que una reducción de impuestos solo resulta sostenible si baja al mismo tiempo el gasto público y advirtió que hacerlo sin esa contrapartida trasladaría el costo fiscal hacia adelante. También dejó asentado que el Ministerio de Economía seguiría definiendo la reforma a medida que apareciera margen para hacerlo.
La discusión técnica llegó a incluir una simplificación del IVA, cambios en Ganancias, una reforma del Monotributo, la eliminación gradual de Bienes Personales y la transformación del impuesto al cheque en un pago a cuenta hasta su desaparición. También aparecieron propuestas para bajar retenciones y coordinar con las provincias cambios sobre Ingresos Brutos y tasas municipales.
