El Gobierno analiza suspender 270.000 pensiones de discapacidad de personas con domicilios desconocidos. Se trata de las citaciones de la auditoría que realiza la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que depende del Ministerio de Salud. El Ejecutivo envío cartas documento a las casas de los beneficiarios para comenzar un proceso de chequeo del universo total de 1.000.000.
Según pudo saber TN, la Casa Rosada puso en curso más de 550.000 notificaciones para contactar a los pensionados y logró comunicarse solo con 280.000. En Balcarce 50 aseguran que en más de 220.000 casos no encontraron domicilio y que en 50.000 no pudieron consignar la entrega de la documentación por inaccesibilidad, rechazos, vacaciones y plazos vencidos.
Es por eso que Nación estudia suspender los pagos de las 270.000 pensiones de las personas que no pudieron contactar mientras continúan con la auditoría. Hay además más de 110.000 cartas que todavía no fueron enviadas para la citación. “Si no podemos corroborar que son personas discapacitadas, las vamos a dar de baja”, expresan en el oficialismo.
Los funcionarios a cargo del proceso tienen la presunción de que hay un número alto de pensionados que no viven en la Argentina y planean cruzar la base de datos con los registros de la Dirección Nacional de Migraciones. No conciben la posibilidad de que el beneficiario no pueda presentarse ante las entrevistas y controles que están realizando. “Si suspendemos el pago luego de las notificaciones y no hay quejas, entendemos que había una irregularidad”, agregan.
El Gobierno asegura que dará de baja las pensiones de las personas que no pasen los exámenes médicos a los que serán sujetos a raíz de la auditoría, de la que también participará el PAMI. Nación derogó además la resolución 187/2025, que fijaba los lineamientos normativos para avanzar con los chequeos.
“Esta decisión se toma con el objetivo de avanzar en la implementación de una nueva normativa que está siendo revisada por profesionales y especialistas en la temática, con la activa participación de organizaciones de la sociedad civil”, expresó el oficialismo luego de oficializar la medida. El titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, deberá presentar en el corto plazo un nuevo marco.
El Ejecutivo solicitará en cada evaluación un certificado médico oficial, que debe tener la secuela invalidante, junto con un resumen de la historia clínica -que incluya detalles del tratamiento- y estudios complementarios sobre la patología incapacitante. La convocatoria de turnos para concretar las citaciones comenzó el 1 de marzo de este año.
La oposición impulsó este miércoles en el Congreso un proyecto de ley para establecer el estado de emergencia en discapacidad. La iniciativa propone saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. Promueve también establecer el “financiamiento adecuado de las pensiones por discapacidad, corroborando las condiciones de acceso y permanencia en el beneficio”.
