El Gobierno nacional se encuentra frente a un reloj de arena judicial. Este viernes a las 9.30 horas vence el plazo para que el gobierno de Javier Milei acate el fallo que confirma la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario. Ante un escenario que en Casa Rosada ya leen como adverso, el oficialismo advierte que el acatamiento de la norma tendrá un impacto directo en las arcas del Estado: el costo estimado es de 2,5 billones de pesos y desde la administración libertaria aseguran que esto implicará volver al déficit fiscal.
Ante esta encrucijada, la responsabilidad financiera recae de lleno en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien como encargado de redistribuir las partidas presupuestarias deberá encontrar la ingeniería contable para conseguir y dosificar el pago de estos fondos a las universidades nacionales.
Para evitar cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno recurrirá a la CSJN
Sin demasiadas esperanzas, el Gobierno jugará su última carta en la Justicia mediante un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El objetivo central del oficialismo es que el máximo tribunal le conceda un «efecto suspensivo» a la medida mientras analiza la cuestión de fondo.
Según explicaron especialistas judiciales, en el ínterin procesal entre la presentación y la resolución del recurso, se genera un «limbo» que obliga al Gobierno a cumplir la medida cautelar y comenzar a transferir los fondos exigidos desde este mismo viernes.
En el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) coinciden con esta lectura y, en caso de no haber suspensión, exigen que se llame a paritarias de forma inmediata para actualizar salarios.
