La aprobación de la ley 26.710 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) cumple cinco años este 30 de diciembre. Sin embargo, un reciente informe de Amnistía Internacional Argentina denunció "retrocesos preocupantes" como la suspensión de la compra de medicamentos para un acceso seguro, desmantelamiento de planes de prevención de embarazos y la reducción de la distribución de métodos anticonceptivos.
El estudio "También es por vos" señaló "barreras preexistentes y nuevas que dificultan el acceso a los servicios de aborto" en distintos puntos del país. Así, la organización destacó que en el último año registró "un aumento del 275% en las consultas, denuncias y pedidos de asesoramiento" por obstáculos de este tipo, en comparación con 2023.
Además, agregaron que entre enero y abril de 2025 inclusive, recibieron "160 casos, lo cual representa el 133% del total recibidos durante el 2024".
Entre las razones de estos retrocesos, el texto oficial subrayan el avance de "discursos regresivos y políticas restrictivas" contra los derechos de mujeres y personas LGBTI+ en nombre de la llamada ‘ideología de género’.
A cinco años de la aprobación de la IVE, números y retrocesos
La organización destacó números positivos desde la aprobación de la ley en materia de salud pública "que evidencian que los abortos en condiciones seguras mejoran ineludiblemente la vida y salud" de quienes acceden a ellos:
Entre 2021 y octubre de 2023, más de 245.000 personas accedieron a abortos seguros en el sistema público de salud.
La disponibilidad de información, insumos y atención de calidad permitió que el 90% de las interrupciones se realizaran durante el primer trimestre.
Se duplicó la cantidad de centros de salud que garantizan la interrupción voluntaria (IVE) y legal del embarazo (ILE).
Sin embargo, denunciaron que desde la asunción de Javier Milei se llevó adelante un "desmantelamiento sistemático" de las políticas de salud sexual y reproductiva tales como:
La suspensión de la compra y distribución de misoprostol y mifepristona - insumos esenciales para garantizar el acceso a la IVE/ILE;
Desmantelamiento del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (PLAN ENIA), "pese a su impacto comprobado en la reducción del embarazo en la adolescencia";
Una "drástica reducción" en la distribución de métodos anticonceptivos, anticonceptivos hormonales de emergencia y test de embarazo;
En este contexto descripto como "regresivo", Amnistía recibió en 2025, a través de su formulario de atención, "más de 400 casos por barreras en el acceso al aborto, una cifra que triplica ampliamente la cantidad de denuncias registradas el año anterior".
Si bien esta recepción no refleja la totalidad a nivel país, "ante la ausencia de datos oficiales constituye un parámetro para dimensionar el aumento de las dificultades que enfrentan las mujeres en este contexto".
Sólo a modo de ejemplificar, el informe señaló que durante 2023, y previo a la asunción de Milei, "se distribuyeron 88.578 tratamientos de misoprostol y 77.586 tratamientos de combipack" en el país, mientras que en 2024 no se distribuyó "insumo alguno a las provincias para garantizar el acceso al aborto".
En consecuencia, más de la mitad informó la "falta de stock de misoprostol y, casi la totalidad reporta desabastecimiento de mifepristona y combipack". Ello se ve agravado por la "reducción del 81% en la cantidad de métodos anticonceptivos, anticonceptivos hormonales de emergencia y test de embarazo distribuidos a las provincias", entre el año 2023 y 2024.
En vez de atención, barreras: un patrón que se repite
Entre los relatos que se repiten, la organización denunció "un patrón común": que en los sitio donde debería haber "atención, acompañamiento y acceso asegurado", hay barreras. Así, hospitales públicos de distintas localidades informan que "no hay medicación disponible, a pesar de que la provisión de insumos es una responsabilidad indelegable del Estado y una obligación legal".
En otros testimonios, "se les exige comprar misoprostol por cuenta propia" cuando es un acto ilegal y "económicamente inalcanzable para muchas". A la par, subrayaron "casos de consejerías disuasorias, maltratos y prácticas de hostigamiento" para forzar un cambio de decisión.
A ello "se suma la ausencia de información oficial": "No hay campañas de difusión, la línea 0800 de Salud Sexual presenta dificultades para responder y no se publican datos actualizados sobre la implementación de la ley", destacó Amnistía.
"Sin información pública, las personas no saben dónde ir, ni cómo exigir que sus derechos se cumplan. Del total de casos que la organización recibió por medio de su formulario en lo que va de 2025, casi el 60% corresponden a barreras en el acceso a información clara, precisa y detallada sobre dónde y cómo acceder a un aborto", agregaron.
