El Gobierno negocia con el kirchnerismo y apunta a votar en septiembre los pliegos del juez federal, Ariel Lijo, y el académico Manuel García Mansilla en el Senado. El Ejecutivo intenta impulsar a ambos como ministros de la Corte Suprema de Justicia, pero prepara un plan para distintos escenarios.
Según pudo saber TN, la Casa Rosada tiende puentes con la oposición ligada a Cristina Kirchner a través del viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, que responde al asesor presidencial Santiago Caputo. “Amerio se encarga de que el vínculo con Unión por la Patria llegue a buen puerto sin intermediaciones que lo traben”, expresó a este medio un funcionario cercano a la mesa chica.
Un sector de la Casa Rosada sostiene que la vicepresidenta, Victoria Villarruel, no colabora con la designación de Lijo y asegura que busca postergar su tratamiento. Es por eso que intentan dejarla afuera de la mesa de negociación por los pliegos.
La titular del Senado le reconoce a sus cercanos que no le gustó su desempeño en la causa del asesinato del sindicalista José Rucci, pero mantiene que no trabó el proceso de su pliego. “Nadie del Ejecutivo se acercó a hablar sobre la estrategia, ni siquiera Amerio, y no hubo un pedido específico para acelerarlo. Estamos respetando los tiempos procesales”, manifestó a este medio un colaborador de la vicepresidenta.
El oficialismo sostiene que la convocatoria para la audiencia pública de Lijo y García Mansilla será comunicada en los próximos días y estará fijada para agosto. Apunta a minimizar las impugnaciones hacia el pliego del juez federal y a negociar adhesiones.
“Entendemos que también ellos están juntando sus votos en el Senado. Lijo parece que viene avanzado y vamos a intentar de que García Mansilla entre en el mismo paquete, aunque esperamos escenarios adversos”, expresó a TN un funcionario.
En Balcarce 50 reconocen además que el envío del pliego del juez federal provocó tensiones con el expresidente Mauricio Macri y que no cuentan con el apoyo de los senadores del PRO para la votación en la Cámara Alta, de la que necesitan dos tercios.
Aseguran también que no insistirán por el momento con el resto de los cargos que faltan completar, como en la procuración General de la Nación -que ocupa de forma interina Eduardo Casal- y en la Auditoría General de la Nación (AGN), para la que el oficialismo quería impulsar al abogado Santiago Viola.
En la Casa de Gobierno no descartan la propuesta de avanzar con la ampliación del máximo tribunal y ven con buenos ojos la inclusión de una mujer para ocupar uno de los espacios.
“No tenemos todavía una candidata que nos cierre, pero estamos abiertos. Creemos también que la Corte funcionaría con más integrantes”, manifestó a TN un cercano al presidente.
Milei quiere impulsar además el establecimiento del juicio en ausencia para acelerar los procesos en las causas de los atentados a la embajada de Israel en 1992 y a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, del que se cumplen 30 años este 18 de julio.
El Gobierno enviará esta semana el proyecto al Congreso para modificar el código Procesal Penal mediante la integración del artículo 290 bis, que propone derogar la obligatoriedad de la presencia del imputado para poder avanzar con el proceso judicial en algunos delitos especiales, como los calificados de terrorismo, genocidio y de Lesa Humanidad.
