La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este viernes los recursos interpuestos por las defensas de Cristina Kirchner y Lázaro Báez para que el decomiso de bienes por la condena en la causa Vialidad sea trasladada al Fuero Civil.
Los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña confirmaron la competencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 para avanzar en la ejecución de los bienes de los condenados, hasta cubrir los $684.990 millones.
El fallo responde a una solicitud del fiscal Mario Villar, quien pidió evitar dilaciones en la aplicación del decomiso establecido en el marco de la causa por fraude en la obra pública.
Casación recordó que el decomiso constituye una medida penal derivada de la condena, no una acción resarcitoria civil, y su propósito es despojar a los responsables de los beneficios económicos del delito y restituirlos a la sociedad.
“El decomiso se ha convertido en un pilar esencial de la investigación penal contemporánea, indispensable para desmantelar redes corruptas incrustadas en el Estado”, argumentaron los jueces.
De esta forma, el TOF 2 queda habilitado para proceder con la ejecución patrimonial, dado que los condenados no cumplieron con el pago voluntario.
Para dilatar el proceso, la defensa de la expresidenta cuestionó el monto fijado por la Justicia y también el método utilizado por los peritos para arribar a esa cifra. Al respecto, el fiscal Villar explicó que la suma corresponde a la “manipulación ilícita de los procesos licitatorios investigados y sobre la base de los sobreprecios plasmados en las adjudicaciones de los contratos de obra pública”.
“Todas circunstancias que fueron objeto de investigación, juzgamiento y revisión hasta alcanzar la autoridad de cosa juzgada, todo ello en el marco de las reglas del debido proceso”, agregó el fiscal al respecto.
El fiscal también aclaró que el planteo de CFK de llevar el caso al fuero Civil y Comercial parte de un error conceptual, ya que el decomiso no equivale a una indemnización o resarcimiento civil, sino que es una herramienta del Estado para recuperar bienes ligados a actividades ilícitas.
El decomiso, profundizó el representante del Ministerio Público Fiscal, es “la herramienta que posee el Estado para procurarse los bienes que sirvieron para cometer un hecho ilícito o de aquellos que son producto o ganancia de aquél”.
En ese marco, Villar insistió en que el proceso debe permanecer en el ámbito penal de Comodoro Py, y ahora Casación le dio la razón.
