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Tras un acuerdo de última hora, el Gobierno consiguió que el Senado aprobara la Ley de Inocencia Fiscal II

Cuando parecía que todo se caía, llegaron los votos de las provincias "dialoguistas"

Tras un acuerdo de última hora, el Gobierno consiguió que el Senado aprobara la Ley de Inocencia Fiscal II

“Con firmeza frente a los fraudulentos, esta ley de Inocencia Fiscal va a poner el foco en quienes han ahorrado de buena fe y este régimen le va a permitir a la Argentina contar con un dinero que está paralizado”. Con ese argumento de Patricia Bullrich al cierre de la votación, el oficialismo en el Senado logró el apoyo de los aliados para darle el Gobierno la Ley la Inocencia Fiscal II. Tras un fuerte debate con la oposición, la votación de este jueves en el Senado se definió por 44 votos a favor y 23 en contra.

El oficialismo logró el acompañamiento de la UCR, el Pro y las fuerzas provinciales, lo que le permitió alcanzar las mayorías ampliamente y dejar en soledad a la bancada peronista. Fue un triunfo para La Libertad Avanza, en medio de una jornada atravesada por los cruces internos por los cambios a último momento que incorporó el Presupuesto 2027 sobre discapacidad.

Desde la bancada Justicialista, José Mayans marcó el tono del rechazo: “Nuestro bloque va a votar en contra porque esta ley se engancha con el programa económico que afecta a los trabajadores, jubilados y pensionados”.

Por su lado, el peronista Fernando Salino cuestionó parte de la letra chica del proyecto: “Propongo que la restricción sea para personas políticamente expuestas, que se deba responder ante ARCA por el incremento patrimonial y que no solo lo hagan funcionarios, sino sus cónyuges, convivientes, ascendientes y descendientes en 1er y 2do grado”.

La sesión estuvo a punto de naufragar por falta de quorum. El oficialismo no alcanzaba los 37 senadores sentados en sus bancas para abrir el recinto de la Cámara alta y a las 11 apenas sumaba 31. La resistencia de los senadores aliados de fuerzas provinciales estaba en los cambios a la ley de Biocombustibles, que se votaba más tarde.

En el salón Rosado del Senado se reunieron con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, los legisladores Carolina Moisés, de Convicción Federal; Julieta Corroza de la Neuquinidad; Beatriz Ávila, de Independencia, y Flavia Royón, de Salta. Tras un compromiso de La Libertad Avanza de aceptar cambios, los opositores aliados ingresaron al recinto donde ya esperaban libertarios, el Pro y la UCR. Así el oficialismo respiró: alcanzó las mayorías requeridas y comenzó la sesión.

Qué significa la Inocencia Fiscal

La sanción de la norma amplía el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias y limita las facultades de fiscalización de la ARCA. Se quitan los límites de ingresos anuales ($1.000 millones) y de patrimonio ($10.000 millones) para poder adherir al Régimen Simplificado de Ganancias. Además, se modifica el concepto de “discrepancia significativa” (fijando un umbral de tolerancia del 15%) y se limita el poder de investigación sobre el crecimiento patrimonial no declarado de los contribuyentes. El tapón fiscal y la presunción de exactitud se extienden hasta el 31 de diciembre de 2027. El Gobierno estima que podrían ingresar al sistema unos US$170 mil millones.

La letra del texto excluye de manera total e incondicional a los funcionarios públicos de los beneficios y presunciones contemplados en el régimen.

La restricción alcanza a quienes ocupen o hayan ocupado cargos de alta responsabilidad pública durante los cinco años anteriores a la adhesión al régimen, además de quienes ejerzan esas funciones posteriormente.

En el Poder Ejecutivo, quedan comprendidos los funcionarios y empleados con rango igual o superior al de secretario de Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires.

En el Poder Legislativo, la exclusión alcanza a diputados y senadores nacionales, legisladores provinciales y porteños, concejales y parlamentarios del Mercosur.

También quedan afuera de los beneficios los magistrados del Poder Judicial y los integrantes del Ministerio Público de todas las jurisdicciones, además de autoridades de organismos de control y enjuiciamiento.

Entre ellos se encuentran los defensores del Pueblo, miembros del Consejo de la Magistratura y de los Jurados de Enjuiciamiento.